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Fondos buitre: se define la madre de todas las batallas
En simultáneo habrá un diálogo de banqueros e inversores internacionales con representantes de los fondos buitre. La idea es sondear la posibilidad de un acuerdo entre el sistema financiero y los acreedores para que acepten una quita menor en las negociaciones a cambio de un pago cash.
El Gobierno hizo de la puja con los holdouts una causa nacional, con la campaña “Patria o Buitres”.
Con esta liberación de la presión que ejercía esa cláusula, el país ya podrá realizar una (o varias y sucesivas) oferta ante los acreedores que vencieron en el "juicio del siglo" en los tribunales de los Estados Unidos sin necesidad de considerar todo lo que eventualmente se les liquide de más a los fondos buitre por encima de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.
Desde siempre, y durante todo 2014, la especulación oficial era que la Justicia norteamericana le diera el tiempo necesario a la Argentina para llegar a enero de 2015 y así poder sentarse en mejores condiciones para discutir con los acreedores una salida al problema de los bonistas que no aceptaron las reestructuraciones.
El Gobierno confiaba en que en el primer semestre de este año, la Corte Suprema de los Estados Unidos hiciera un guiño al país y le pidiera consejo al Gobierno de Barack Obama para que considere el caso y dé su opinión sobre la demanda de fondo, aun sabiendo que el fallo final siempre sería negativo para la Argentina. Lo que se necesitaba era tiempo, y la Corte Suprema no lo dio. En junio pasado dictaminó, por unanimidad, que la apelación del país no tenía lugar y que el fallo de primera instancia de Thomas Griesa de 2012 y el de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de 2013 quedaban firmes (siempre de manera unánime), lo que determinó que en toda la historia del juicio votaron en contra del país doce jueces norteamericanos.
La decisión de la Corte Suprema terminó con la especulación de llegar a 2015 y aceleró los tiempos. El Gobierno debió entonces hacer todos los malabares posibles para que los plazos se extiendan hasta alcanzar el 31 de diciembre de 2014 y, luego, poder negociar sin la presión de la RUFO. De alguna manera, y luego de haber fallado sistemáticamente en contra de la Argentina y de manera, indudablemente, jurídicamente injusta, Thomas Griesa le dio una señal al país al no avanzar en concreciones de embargos directos y esperar a que llegue 2015 para que la solución al conflicto sea negociada.
Ahora ya no habrá más demoras y el Gobierno argentino tendrá que decidir si finalmente acepta esta oportunidad. No podrá esperar mucho tiempo para tomar una decisión. Se sabe que Pollack llamará a las partes en la primera semana completa de enero, y que antes que termine el primer mes de 2015 el "special master" quiere concretar una audiencia entre las partes para comenzar formalmente las negociaciones.
Si bien la Argentina no tiene la presión ahora por llegar a una resolución (nunca se negocia bien bajo condiciones apremiantes), sí hay cierta responsabilidad por avanzar en un proceso de discusiones sobre las condiciones de un eventual acuerdo con los fondos buitre.
No habrá que asustarse si en las primeras reuniones no hay avances firmes. La Argentina sostendrá durante mucho tiempo (todo el que sea necesario) que la única oferta será la de las condiciones del canje de deuda de 2010, sin mayores mejoras que lo ofrecido en aquel tiempo. Los fondos buitre lo rechazarán y ambas partes amagarán varias veces con romper relaciones. El "special master" volverá a enojarse, el ministro de Economía Axel Kicillof volverá a levantar negociaciones y a castigar verbalmente a Pollack y a Griesa, a la espera de un debilitamiento de la posición de los acreedores. Así, lo más probable es que se llegue al primer trimestre del año próximo sin mayores avances y que recién en el segundo trimestre de 2015 las partes estén avanzando.
EN TERAPIA
En paralelo, el propio kirchnerismo estará haciendo terapia interna para disfrazar las negociaciones ante la militancia, pasando del eslogan "patria o buitres" a la necesidad de terminar con el proceso de "desendeudamiento" iniciado por Néstor Kirchner con el objetivo de entregar en diciembre la banda presidencial con el mayor problema crónico de la economía argentina de la segunda posguerra en vías de solución. No es poco.
En simultáneo, y con el mayor sigilo posible, habrá un diálogo paralelo. Será el que banqueros e inversores internacionales (y también algunos locales) inicien con representantes, indirectos primero y directos después, de los fondos buitre. La idea es, para el caso que no haya avances en la discusión con el Gobierno argentino, sondear la posibilidad de un acuerdo entre el sistema financiero y los acreedores para que acepten una quita menor a la que propondrá la Argentina en las negociaciones ante Pollack a cambio de un pago cash. Luego, esos bancos cobrarían un título público (o una canasta de bonos) desde la Argentina, que luego lanzarían al mercado financiero internacional. Sería una salida similar a la experimentada este año con Repsol por unos u$s 5.000 millones que determinó el final de la crisis por la renacionalización de YPF.
¿Cuánto será lo que deberá reconocer de deuda la Argentina? Los cálculos más conservadores hablan de no menos de u$s 8.000 millones que el Gobierno debería emitir en un título público. La cifra surge de sumar los u$s 1.660 millones ya reconocidos a los fondos buitre y holdouts en el tribunal de Griesa más el resto de los acreedores que desde noviembre pasado comenzaron a sumarse al listado habilitado por el juez norteamericano.
Se contabilizan los bonos que el fondo buitre Elliott de Paul Singer fue comprando desde 2008 hacia delante, y que no fueron incluidos en la demanda original. También los papeles de otros fondos buitre como el ACP Master, Blue Rock, Aurelius, Olifant y el GMO de Boston, uno de los últimos que se sumó al listado de acreedores reclamantes. Pero fundamentalmente habrá que sumar la demanda de EM Dart, el fondo de Kenneth Dart, el primero que comenzó a comprar deuda argentina al borde del default entre noviembre y diciembre de 2001, y que pacientemente esperó el momento oportuno para presentarse ante Griesa a reclamar la deuda en default. Se sabe que Dart tiene papeles aún impagos por unos u$s 1.200 millones originales, que actualizados según la calculadora de Griesa podrían superar los u$s 1.800 millones, lo que convertiría a Dart en el mayor acreedor particular en la historia del país.
¿Por qué esperó a presentarse a reclamar sus bonos? Simple, para abaratar costos. Esperó que sea su archienemigo en la saga buitre internacional, Paul Singer, el que hiciera el gasto en costosos abogados norteamericanos para luego presentarse en el listado de todos los tenedores de deuda en default, ya habilitados por Griesa. En otras palabras, Dart fue el buitre del buitre.


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