"Al parecer, la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Entonces habrá que plantearse, en fin, cambios constitucionales", dijo Mujica en su audición radial "Habla el Presidente". La "batalla por cambios profundos en la ruralidad va a continuar y también tener claro que no vamos a bajar los brazos, no vamos a cambiar de programa", señaló el mandatario, quien, sin embargo, aclaró que "más allá de los puntos de vista, las decisiones de la Justicia en un Estado de derecho hay que obedecerlas".
Mujica destacó que "los gobiernos pueden subir aranceles, el IVA a los consumidores, tasas, etcétera, pero no pueden gravar la concentración de la tierra". "Parece moralmente defendible que quienes con mucha tierra, más de dos mil hectáreas, quienes han recibido un beneficio tan grande hagan un aporte de 10, 12, hasta 16 dólares por hectárea, por año. ¿Por qué? Porque recibieron un beneficio cuyo origen es en gran medida la marcha de la sociedad. Yo estoy hablando no de legalidad, sino de moralidad. Si esto es moralmente defendible, legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar", destacó.
Y añadió que "todavía más, si esa recaudación tiene una puntería específica de contribuir a urbanizar todas las comunicaciones en los caminos uruguayos" porque se trata de "una necesidad de carácter histórico y es por ello moralmente defendible" y "profundamente defendible desde el punto de vista ético".
Horas antes, el semanario Búsqueda había adelantado que la Suprema Corte de Justicia "declarará inconstitucional el impuesto al campo", que afecta a propietarios de más de 2.000 hectáreas, mientras que el presidente del organismo, Jorge Ruibal Pino, señaló que aunque probablemente la respuesta "será sí a la inconstitucionalidad "aún no está resuelto", en declaraciones a radio Universal de Montevideo.
El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé un gravamen anual de unos ocho dólares por hectárea para las extensiones de tierra productiva de entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de 12 dólares por hectárea para las de entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y de 16 dólares por hectárea para las de más de 10.000 hectáreas.
Según cálculos del Gobierno, publicados por Búsqueda, el ICIR afecta a unos 1.200 propietarios particulares o empresas de un total de 47.300, cantidad que equivale al 2,5% del total. Sin embargo, ese segmento concentra el 36% de la superficie total de tierras de Uruguay (unos 5 millones de hectáreas). El impuesto fue duramente criticado y resistido por las asociaciones rurales e incluso por algunos sectores de la izquierda gobernante, y hasta la fecha ha provocado 127 recursos de inconstitucionalidad.
| Agencia AFP y Ámbito Financiero |
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