El juez Esteban Furmari hizo lugar a un amparo que también llevó la firma del Ministerio de Justicia y frenó la designación de fiscales nacionales y federales.
Alejandra Gils Carbó
La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, volvió a navegar en aguas turbulentas luego de que la Justicia le asestara un golpe al sistema de concursos que encabezó: recibió una medida cautelar en contra que puso en suspenso el nombramiento y el traslado de fiscales bajo su órbita. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, hizo lugar al pedido de amparo una ONG (que había sido acompañado por el Ministerio de Justicia que preside Germán Garavano) y frenó las designaciones de fiscales nacionales y federales de distintas instancias, aunque mantuvo a quienes aún bajo la misma modalidad ya hubieran logrado el acuerdo del Senado para sus cargos. En la práctica, el fallo no tendrá implicancias de gravedad ya que los concursos abiertos en base a la modificación del Código Procesal Penal durante el kirchnerismo ya habían sido dejados sin efecto cuando el Poder Ejecutivo dejó stand by el avance de su implementación.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Más allá de que la decisión judicial sea apelada a la Cámara Contencioso Administrativa, desde la Procuración deslizaron que el fallo acelerará la presentación de un nuevo régimen de selección de jurados para los concursos, en los que se modificarán los requisitos para evitar cuestionamientos. Furnari le dio la razón al planteo de la agrupación "Será Justicia" que atacó la resolución 751/2013 por la que se estableció la integración de jurados seleccionados desde distintas áreas del Ministerio Público e incorporó la categoría de jurista invitado. Esto dio de baja un régimen (que nunca se aplicó) diseñado por el procurador interino Luis González Warcalde que establecía el sorteo de sus integrantes, algo que Gils Carbó había evaluado como riesgoso en caso de que pudieran concentrarse representantes de un fuero determinado, o que incluso fuera evaluado quien pudiera ser jefe inmediato del candidato. Esa decisión llevó una lluvia de impugnaciones, lo que derivó en la cautelar que ayer se dirigió contra cualquier concurso que pudiera estar tramitando la Procuración, pero que se hizo extensiva al Poder Ejecutivo (por la vía administrativa de designación), y al Senado, para que tampoco apruebe pliegos que haya recibido en idénticas condiciones de concurso. El juez determinó que existía peligro de demora en la decisión y que podría tener razón el reclamo de fondo sobre Reglamento para la Selección de Magistrados del Ministerio Público Fiscal. Así, le exigió a Gils Carbó que "se abstenga de convocar y/o tramitar otros procedimientos de selección aplicando" ese reglamento, y que "se abstenga de disponer nuevos traslados de jurisdicción de fiscales que impliquen una asignación permanente de funciones". A la vez, le impidió "convocar y/o tramitar procedimientos de selección a efectos de cubrir las vacantes generadas con motivo de los traslados ya dispuestos".
En la argumentación se señaló que varias personas habían sido designadas como jurado en "más de una oportunidad en distintos concursos" y que existía un principio de no regresividad conforme a las garantías que ofrecía el sistema anterior. "No habrá de adoptarse decisión alguna -por el momento- respecto de las designaciones por traslado permanente llevadas a cabo hasta el presente, así como tampoco de las actuaciones procesales practicadas por los titulares de esos órganos y/o de las que se practiquen hasta que se dicte sentencia definitiva en autos", consignó Furnari para evitar el caos que supondría dar de baja a todos los fiscales que fueron aprobados y ya ocupan sus cargos desde que está vigente el actual sistema. Y además aclaró que su decisión "no tendrá incidencia sobre las designaciones transitorias o interinas de fiscales subrogantes que se hubieren efectuado o pudieran realizarse en el futuro", dejando a salvo esa decisión en manos de Gils Carbó.
"Este régimen fue convalidado a lo largo de los últimos cuatro años por dos Poderes Ejecutivos de signo político diferente, así como por el Senado con sus diferentes composiciones", indicaron desde las oficinas de la calle Perón sobre 30 fiscales que fueron seleccionados a través de ese procedimiento. Además se quejaron de que los traslados no están relacionados con los concursos y que están reglamentados dentro de la ley que rige a los fiscales. "La medida cautelar no tiene en cuenta estos argumentos y avanza con razonamientos falaces, replicando principios de organización del Poder Judicial que nada tienen que ver con el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y que avasallan su autonomía y su independencia", replicaron a través de un comunicado.
Dejá tu comentario