Funcionaria top de Lula y Dilma, enredada en un megafraude fiscal

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• ES LA EXJEFA DE GABINETE ERENICE GUERRA.
• EL CASO INVOLUCRA UN PERJUICIO DE U$S 6.000 MILLONES AL ESTADO.

Brasilia - El nuevo escándalo de corrupción que sacude a Brasil y que superaría con creces las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras involucra a una exjefa de Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva y exasesora cercana de la presidenta Dilma Rousseff.

Se trata de la abogada Erenice Guerra, quien fuera ministra jefa de la Casa Civil (jefa de Gabinete) durante el Gobierno de Lula, al sustituir en ese cargo a la actual mandataria, cuando ésta lo dejó para dedicarse a la campaña que la llevó a conquistar su primer mandato.

De acuerdo con las denuncias, Guerra ofrecía servicios como consultora para sobornar a miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), organismo del Ministerio de Hacienda encargado de juzgar los pedidos de apelación por aplicación de multas.

La red causó un perjuicio al fisco de unos 19.000 millones de reales (unos 6.000 millones de dólares) y según un reportaje de la semana pasada del diario O Estado de Sao Paulo grandes multinacionales -como bancos, montadoras automotrices, entre otras- habrían pagado los sobornos para evadir impuestos y multas.

De comprobarse la vinculación de Guerra con este último caso de corrupción, sería la cuarta "primera ministra" de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en verse directamente implicada en los tres de los mayores escándalos de corrupción que vive el país desde la restitución democrática, en 1985.

Desde que el partido de izquierda asumió el poder en Brasil, en 2003, seis políticos ocuparon ese importante puesto. Además de Rousseff y Guerra, lo hicieron el histórico dirigente del PT José Dirceu, el exministro de Hacienda de Lula Antonio Palocci, la también ex "primera ministra" de Rousseff Gleisi Hoffmann, y el actual, Aloízio Mercadante.

Dirceu está preso, condenado a diez años de cárcel por haber coordinado la red de pago de sobornos a legisladores durante el primer Gobierno de Lula, conocido como escándalo del "mensalao".

Palocci tuvo que abandonar el cargo de ministro de Hacienda en medio de denuncias de corrupción, y más tarde el de jefe del Gabinete Civil, acusado de enriquecimiento ilícito.

Por último, Hoffman, quien sustituyó a Palocci, integra, al igual que él, la lista de sospechosos de participar en los desvíos de fondos de la estatal Petrobras.

En el caso de Palocci, además, se investiga si como coordinador de la campaña electoral de Rousseff usó recursos desviados de la petrolera para nutrir las finanzas.

El estrecho vínculo laboral entre Guerra y Rousseff comenzó cuando ésta última comandaba el ministerio de Minas y Energía, y designó a Guerra para dirigir la consultoría jurídica de esa cartera.

Más tarde, cuando Rousseff fue designada por Lula como jefa del Gabinete Civil, se llevó consigo a su mano derecha, a quien colocó en el segundo cargo más importante de ese organismo, la secretaría ejecutiva.

Los presuntos nexos de Guerra con este último escándalo fueron reportados por la revista semanal Veja en su edición de este fin de semana.

La sospecha es que Guerra integró una red que operó durante años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda. La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del CARF para que redujeran o anularan las multas por evasión fiscal impuestas por la Recaudadora Federal a grandes contribuyentes.

La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que la abogada firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en el cual Guerra se comprometió a prestar "servicios profesionales relativos a la defensa de la contratante en el ámbito de la Administración Tributaria Federal".

Para cumplir el acuerdo, Guerra se habría asociado secretamente con el también abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del CARF hasta febrero de 2014, y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal.

La deuda con el fisco que cuestiona el grupo chino asciende a 705,5 millones de reales (cerca de 227,6 millones de dólares). Según lo acordado, la abogada recibiría el 1,5% del valor que la empresa dejara de pagar al Estado.

Ésta no es la primera vez que Guerra se ve involucrada en un caso de corrupción. De hecho, a cinco meses de haber asumido con Lula, tuvo que dejar el cargo bajo acusación de haber interferido a favor de negocios pertenecientes a su hijo y su marido.

Agencias EFE y DPA

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