GAFI ajusta críticas (dudas por CEDIN)

Julio Alak

El proyecto de blanqueo de capitales que el Gobierno impulsa en el Congreso ya tiene efectos colaterales en las conversaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que el país abandone la llamada "lista gris" de países monitoreados por el organismo antilavado. En el Ministerio de Justicia aspiraban a que en el próximo plenario de junio se autorizara una visita del GAFI como paso previo para retirar a la Argentina de dicha nómina. Ya han existido contactos con distintos grados de visibilidad desde París, todos con un mensaje similar: la aprobación del proyecto, lo cual sería en una semana, le restará puntos a la posición argentina.

Tanto Julio Alak como José Sbatella se han abocado a dicha misión. Un plan de seducción que implicó acercar posiciones con el organismos y seguir una serie de recomendaciones, entre ellas la ley antiterrorista que le implicó fuertes críticas al oficialismo de sectores habitualmente amigables. El último logró fue el relanzamiento de la relación con el Fincen, organismo antilavado que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que había suspendido la cooperación con el país en 2009 por una supuesta filtración de informes a la prensa. Esfuerzos que podrían quedar neutralizados a pesar de que el GAFI no realizó fuertes cuestionamientos al blanqueo que tuviera lugar en 2009.

Las objeciones serán concretas. Al GAFI no le convence un procedimiento de blanqueo delimitado sólo a los dólares, sino que también debería contemplar a los fondos en pesos. En el mismo sentido, no tiene buena imagen el hecho de que la nueva ley equipare a aquellas personas que incumplieron normas impositivas con las que hicieron lo propio con procedimientos de tipo cambiario. Obvio: al organismo le gustaría que el Gobierno tuviera los datos de cuándo, y especialmente dónde, se obtuvieron los dólares a blanquear.

Al mismo tiempo la postura oficial del GAFI genera dudas en el oficialismo. Es la tesis que dice que se pueden desarrollar procedimientos de blanqueo siempre y cuando se incorporen las normativas antilavado. Un choque de conceptos que deja en un lugar particularmente incómodo a los intermediarios (bancos, escribanos, etc.). Igualmente, ante la duda, éstos siempre podrán emitir un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), explican en el Gobierno. Un detalle: en 2009 sólo los bancos públicos (Nación y Provincia) se ofrecieron como intermediarios para el proceso de blanqueo. Hasta ahora nada indica que en esta ocasión sea distinto.

También existen incógnitas en potencial, por ejemplo, cuál sería el mecanismo de endoso del llamado CEDIN. Nada se ha dicho sobre esto, lo cual da lugar a un gris que enciende luces amarillas antes del plenario de junio.

Hay cuestiones más relacionadas con la idiosincrasia. Habitualmente los procedimientos de blanqueo reducen la carga impositiva al individuo que realiza la operación, quien igualmente termina efectuando un pago menor al previsto. La experiencia local es la antítesis, ya que la operación incluye un bono (con destino a obras y energía) que otorga renta financiera.