23 de noviembre 2011 - 00:00

Ganancias: el golpe final al paquete Moyano en el Congreso

El 20 de octubre de este año Ámbito Financiero adelantó que tanto el reparto de ganancias de empresas a trabajadores como el resto de la agenda sindical habían sido congelados en el Congreso por orden de la Casa Rosada.
El 20 de octubre de este año Ámbito Financiero adelantó que tanto el reparto de ganancias de empresas a trabajadores como el resto de la agenda sindical habían sido congelados en el Congreso por orden de la Casa Rosada.
El mensaje de ayer de Cristina de Kirchner ante la UIA, por lo menos en lo que respecta a la idea moyanista de distribuir ganancias empresariales, más que un anuncio fue la confirmación de una estrategia que el Gobierno viene siguiendo desde hace seis meses.

Hugo Moyano y Héctor Recalde, su hombre en Diputados y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, ya saben desde hace tiempo que no existe autorización de la Casa Rosada para que avance ninguno de los proyectos (en total son casi 30) que la CGT impulsa en el Congreso.

Son, en casi todos los casos, modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, la definición por ley de la suba del mínimo no imponible de Ganancias o el reparto de ganancias de empresas a los trabajadores, que tiene un trámite demorado desde hace un año. Todo hace tiempo que está en el freezer.

Sello final

El anuncio le puso el sello a esa decisión de la Rosada de hace tiempo de frenar el avance moyanista en el Congreso. Tampoco es nuevo para Cristina de Kirchner: cuando su marido fue presidente también garantizaba estabilidad legal a los empresarios, a pesar de las fotos junto a Moyano. Lo saben los jefes del kirchnerismo en el Congreso que nunca recibieron órdenes de avanzar con esos proyectos.

Ahora llegó el cierre definitivo a ese debate que aún estaba latente en Legislación del Trabajo: «Ya hay empresas que acordaron distribuir sus utilidades, con lo que estoy muy de acuerdo, porque genera que se pongan la camiseta y defiendan a la empresa, pero se debe decidir entre empresarios y trabajadores; no lo puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento».

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