La Justicia rechazó el pedido de una medida cautelar para suspender la aplicación del cargo tarifario en las facturas de gas, medida que había solicitado el ex defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Su sucesor en el cargo, Anselmo Sella, anticipó ayer que apelará en segunda instancia, y fuentes de la defensoría indicaron estar convencidas de que cuando se resuelva la cuestión de fondo sobre la legitimidad del cargo, éste será anulado.
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El cargo tarifario se aplica en las facturas desde fines de febrero, pero es retroactivo al 1 de noviembre. Lo recaudado por ese concepto forma parte de un fondo fiduciario para que el Estado pague importaciones de gas para el próximo invierno, cuyo volumen y precio total todavía no están definidos.
En la presentación judicial, el defensor sostuvo que el cargo «tiene las características de un impuesto, y la fijación de un gravamen debe ser hecha por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo».
Se estima que por el aumento del precio en boca de pozo que perciben las petroleras, la suba en los márgenes de distribución y transporte, que recibirán sólo las privatizadas que llegaron a acuerdos con el Gobierno (en la mayoría el dinero va a otro fondo para obras), y el cargo tarifario, el alza para usuarios residenciales con consumos superiores a 1.000 metros cúbicos anuales, rondará entre el 70% y el 240%.
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