12 de septiembre 2013 - 00:00

Gobierno acusa a Moyano de presunto desvío de fondos

Hugo Moyano
Hugo Moyano
Hugo Moyano fue denunciado por el Gobierno por supuestas maniobras de desvío de 577 millones de pesos de la obra social de su sindicato, el de choferes de camiones, a favor de empresas ligadas a su familia y entorno más próximo. El presunto desvío fue expuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza José Sbatella, sobre la base de reportes bancarios sospechosos. Los datos fueron enviados para ser incorporados a la causa que investiga el juez federal Claudio Bonadío por aparentes irregularidades en el manejo de medicamentos en la obra social (Oschoca).

Los reportes compilados por la UIF pasaron por la Procuración antilavado (Procelac) que maneja Carlos Gonella, que elaboró un extenso dictamen en el que fueron incluidos como sospechosos el jefe de la CGT opositora; su hijo mayor y segundo en el gremio de camioneros, Pablo Moyano; su esposa, Liliana Zulet; Valeria Salerno (hija de Zulet) y su marido, Christian Asorey; Vicente Asorey (padre de Christian), y Omar Pérez, también sindicalista.

La denuncia alude a la existencia de una presunta "ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salen de Oschoca y del sindicato retornarían al grupo familiar de Moyano a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno" y que fueron creadas para brindarles servicios a las entidades gremiales "en forma exclusiva".

Las empresas analizadas son Iarai, inscripta como prestadora de servicios geriátricos y sanitarios; Aconra, una constructora que también puede desarrollar reformas y reparaciones de edificios así como otros servicios inmobiliarios, y Dixey, dedicada a servicios inmobiliarios, venta de equipos informáticos, fabricación de carpintería metálica, confección de indumentaria laboral y actividades contables.

En los registros de sociedades comerciales Salerno figura como presidenta de Iarai y Dixey, y vicepresidenta de Aconra; Zulet, como directora suplente de Dixey, y Vicente Asorey, como vicepresidente de Iarai y presidente de Aconra. En tanto que Christian Asorey fue el coordinador del área de informática de la Administración de Programas Especiales (APE) hasta que fue echado luego de la ruptura entre Moyano y el Gobierno, y su única referencia laboral es en la aseguradora Juncal, que preside Pablo Moyano.

Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) fueron cuatro, en todos los casos del BBVA Banco Francés: uno, por movimientos "entre diversas cuentas bancarias" de Camioneros, Oschoca y las firmas Iarai, Aconra y Dixey, por $ 286.832.276, entre marzo y julio de 2011. Otros dos corresponden al período entre enero y abril de 2012, por un total de $ 163.647.074, y el último abarca del 29 de junio al 31 de octubre de 2012 por un monto de 126.320.488 pesos. La UIF también dio cuenta de la compra de un automóvil por parte de Liliana Zulet a la concesionaria Dietrich, el 3 de octubre pasado, por 547.175 pesos.

Los datos se agregarán a la causa que investiga Bonadío y que tuvo su origen en una denuncia de la exministra de Salud Graciela Ocaña por presuntas irregularidades en el cobro de reintegros por medicamentos de alto costo (para sida y cáncer, entre otras afecciones) por parte de Oschoca.

Mariano Martín

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