25 de enero 2012 - 00:00

Gobierno acusa a Moyano de querer “apretar” y ya estudia sanciones

Para no dejar dudas, desde el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada se publicó por la noche de ayer la posición oficial sobre el conflicto generado por Hugo Moyano. Según el Gobierno, la movilización de Pablo Moyano no tenía sentido, ya que las partes están negociando y los despidos que generaron el problema en el sur del país entre camioneros, Camuzzi y una tercerizada fueron quedando sin efecto y el conflicto se retrotrajo al 31 de diciembre del año pasado. Se anuncia, además, una audiencia para hoy a las 12 en el ministerio, lo que descartaba la necesidad de la marcha de ayer.

Gobierno acusa a Moyano de querer “apretar” y ya estudia sanciones
El kirchnerismo y Hugo Moyano dieron ayer un paso más, quizá el más importante en lo que va de 2012, en el camino de un enfrentamiento político, económico y laboral. El titular de la CGT trajo a Buenos Aires un conflicto, en vías de negociación y solución, del sur del país. El Gobierno calificó al hecho de «apriete» y dijo que podría declarar «ilegal» la medida. Según fuentes del oficialismo, si el sindicato de camioneros concreta su amenaza de movilizar a sus choferes y simpatizantes el viernes por el centro de la Capital Federal, el acto podría considerarse como fuera de la ley, al estar violando una declaración de «conciliación obligatoria».

Ayer, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, hijo del titular de la CGT, encabezó una protesta en Puerto Madero por supuestos despidos en la concesionaria Camuzzi Gas del Sur y amenazó con marchar pasado mañana a Plaza de Mayo. Los gremialistas camioneros se concentraron por la mañana en la avenida Alicia Moreau de Justo 240, frente a la sede de Camuzzi, a la que acusan de despedir a 200 trabajadores en Trelew, Chubut, donde la semana pasada se llevó a cabo una protesta que terminó con represión policial y dejó 20 heridos. Pablo Moyano advirtió además que si el Gobierno no intercede para solucionar el conflicto, el sindicato va a «movilizar el viernes a más de 30 mil compañeros al Ministerio de Trabajo y de ahí a Plaza de Mayo». En realidad los despidos no corresponden a la distribuidora de gas, sino a una empresa contratada por la compañía llamada Correo del Sur SRL, con lo cual el vínculo comercial ya había terminado. Tanto para el Gobierno como para la empresa de gas, no hubo despidos, sino una relación contractual terminada.

El Gobierno ya había dictado la semana pasada la conciliación obligatoria en el conflicto, y comenzado a negociar con las partes, por lo cual deberían estar suspendidas las medidas de fuerza, movilizaciones y paros hasta que termine el período, según la interpretación oficial. Fuentes del Gobierno aseguran entonces que tanto la manifestación y bloqueo de ayer como la posible movilización del viernes estarían prohibidas. La actitud en realidad de no tomar muy en serio estos llamados por parte de Hugo Moyano es habitual. Sin embargo, debido al conflicto político que cruza al titular de la CGT con el kirchnerismo, desde el Gobierno se evalúa seriamente en dar un paso legal en el enfrentamiento y dictar una sanción económica (primer paso que permite la ley) si finalmente se concreta la movilización.

Cuestión política

Para el Gobierno, el avance moyanista de ayer con el caso Camuzzi-Correo del Sur, es una cuestión política y no laboral. La interpretación surge de asegurar que Moyano aprovechó el conflicto, que actualmente está en vías de solución, para trasladar el problema a Buenos Aires, a horas del regreso de Cristina de Kirchner a la Casa de Gobierno luego de la licencia por su operación. Siempre según esta visión «hubiera dado lo mismo el conflicto en el sur o uno de cualquier provincia, lo que busca Moyano es hacerse ver y mostrar los dientes», afirmó ayer ante este diario un ministro del gabinete nacional.

Los Moyano tienen otra interpretación. Ayer, al ser consultados sobre la posibilidad de ser sancionados por la violación de la «conciliación obligatoria» uno de ellos dijo que en realidad tanto la movilización de ayer como la del viernes se deben a una protesta por los 20 choferes heridos, lo que según su interpretación los salvaría de la aplicación de la ley que regula las negociaciones de conflictos laborales.

No fue lo que en realidad declaró Pablo Moyano. Según el hijo del titular de la CGT, «hay que evitar que estas empresas multinacionales sigan aplicando la política de los 90, con rebaja salarial y flexibilización laboral. Y cuando no las pueden aplicar nos recagan a palos como pasó en el sur».

A su turno, Tomada cuestionó el corte en Puerto Madero, consideró que «estos métodos ya no tienen sentido en la Argentina» y afirmó que se trata de mecanismos para «perturbar y marcar la cancha». «Esto es un apriete, trasladar un conflicto a Buenos Aires, cuando nosotros venimos planteando el diálogo», agregó Tomada.

El ministro de Trabajo remarcó que «Pablo Moyano sabe que está programada una reunión» (hoy) con las partes en conflicto y el gremio y evaluó que, por ello, «no tiene sentido una medida así». Negó además que haya despidos: «Acá nadie echó a ningún trabajador. Hay empleados que se quedaron sin trabajo porque la empresa a la que pertenecen perdió una licitación».

El gremio de Camioneros asegura que fueron despedidos 200 trabajadores que pertenecen a una distribuidora de correo que prestaba servicio a la compañía energética, pero ésta también lo niega.

Versión empresaria

Camuzzi aseguró que «está dando debido cumplimiento a todas y cada una de las condiciones contractuales que rigen la relación comercial» con la empresa de correo, «respetando totalmente su vigencia oportunamente fijada hasta el 31 de enero de 2012».

«Camuzzi Gas del Sur no rescindió anticipadamente la relación comercial con Correo Sur SRL ni ha desvinculado a personal alguno de su dependencia», afirmó la empresa. La compañía explicó que «la acción llevada a cabo por el sindicato se encuentra indebidamente direccionada, afectando además la normal operatividad de esta empresa distribuidora de gas natural».

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