Gobierno acusa a Uruguay de obstruir control a Botnia

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Persiste desacuerdo entre ambos países por temperatura de vertido de efluentes en el río Uruguay

Los gobiernos de la Argentina y Uruguay siguen sin ponerse de acuerdo respecto al control ambiental sobre la pastera UPM, ex Botnia. Ayer, luego de la difusión de un controvertido comunicado de la delegación oriental ante la comisión que administra el río Uruguay, la Cancillería respondió acusando al vecino país de desarrollar una «permanente obstrucción» a la tarea de monitoreo sobre la planta.

Además, en un informe preliminar que difundió la cartera de Héctor Timerman, la Argentina señaló que la pastera incurre en «excesos de producción» y que «ello implica ignorar e infringir lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia del 20 de abril de 2010».

«Según surge de información obrante en los registros aduaneros del Uruguay, la planta de Botnia aumentó su nivel de producción anual, superando el millón de toneladas oportunamente autorizado»
, subrayó la Cancillería. «Tal aumento de producción -agregó- constituye una modificación a las condiciones de funcionamiento previstas en el proyecto original, por lo que la planta, a partir de 2009, está incrementando su contaminación».

No es, en rigor, el primer cortocircuito por la difusión de los resultados de los estudios sugeridos por Corte Internacional de La Haya, en 2010. Desde entonces, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que integran técnicos y funcionarios de ambos países, no hizo público el informe de ninguno de los 16 ingresos a la polémica pastera cuya instalación generó el rechazo de los ambientalistas de Entre Ríos, que bloquearon por tres años el paso internacional hacia Uruguay.

La razón del velo sobre esa información es un desacuerdo en torno a una norma ambiental, que Uruguay modificó de manera inconsulta sobre el valor de la temperatura permitida para verter los efluentes de la planta.

Tras las notas Reversales que intercambiaron las cancillerías en agosto de 2010, quedó establecido que UPM podía volcar a 30°, tal como lo establece el decreto 253/79. Sin embargo, pocos meses después la DINAMA (la Dirección de Ambiente uruguaya) elevó la temperatura a 37° demostrando que de esa forma no se producen problemas en la calidad del agua.

Para la delegación uruguaya se trata de «una excusa» argentina porque «fuera cual fuera» la temperatura «no tiene incidencia» en la medición de los niveles de detergente, fósforo, cloro o metales pesados en el agua.

Sugerencia

Como forma de destrabar la situación, la delegación uruguaya sugirió al Comité Científico integrado por técnicos de ambos países para realizar los monitoreos que «haga una advertencia» o «aclaración» sobre la falta de acuerdo en el tema de la temperatura de las aguas vertidas, «pero que se difundan los otros parámetros».

Este aspecto técnico traba desde entonces la difusión de los informes conjuntos, demora que exasperó los ánimos de los vecinos de Gualeguaychú, quienes incluso amenazan con retomar las protestas contra Uruguay.

En las últimas horas, la delegación uruguaya en la CARU insistió en la «necesidad» de hacer públicos los informes técnicos sobre el estado de las aguas. «Uruguay reitera que no tiene obstáculo y brinda su pleno consentimiento para la publicación completa e inmediata de los resultados de todos los análisis llevados a cabo por los laboratorios internacionales», se argumentó.

Como respuesta, la Cancillería argentina mostró con ironía su «beneplácito» ante la «aceptación» de dar a conocer los resultados, tras advertir que las tareas «se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa para su realización».

Sin embargo, a la espera de que se efectivice la difusión, la delegación argentina dio a conocer un informe propio en el que denuncia que la falta de información hasta el momento se debe a «desacuerdos» en la CARU sobre las normas para el vuelco de efluentes de la empresa, además de «inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense» seleccionado para analizar la mayoría de las muestras» y la «permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo».

«A través de una serie de inacciones, omisiones e indefiniciones por parte de la delegación uruguaya ante la CARU y de sus integrantes ante el Comité Científico de la Comisión, se impide que puedan implementarse y completarse los planes de monitoreo acordados en cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia», acusó la delegación argentina ante la CARU, en el informe difundido por el Palacio San Martín.

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