Gobierno ahora mueve contra empresarios

La primera reacción del Gobierno ante el acto de Hugo Moyano de ayer en la Plaza de Mayo no fue económica, sindical ni política. Tampoco fue contra el camionero. Fue judicial y contra los privados de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). El Ejecutivo presentó una demanda ante el juez federal Julián Ercolini por haber violado la Ley de Recuperación de la Soberanía Hidrocarburífera, mejor conocida como la de nacionalización de YPF. Casi inmediatamente, el fiscal federal Ramiro González pidió investigar al presidente de la asociación, Luis Morales, por presunto entorpecimiento de servicios públicos a partir de la alteración de esa legislación aprobada hace algo más de dos meses.

El Gobierno apunta a la complicidad empresarial entre Fadeeac y Hugo Moyano, particularmente el miércoles pasado por la noche cuando el gremio de Camioneros con Pablo Moyano a la cabeza bloquearon el centro de distribución de La Matanza e impidieron la salida de vehículos del lugar. Según había denunciado el jueves 21 el ministro de Planificación, Julio De Vido, la noche anterior en medio del conflicto desde el Gobierno intentaron comunicarse con las empresas de distribución de naftas del lugar para que pusieran a disposición unidades que serían manejadas por choferes que aportaría el Gobierno. Siempre según la versión oficial, las empresas no atendieron los teléfonos y sólo aparecieron la mañana del jueves para firmar el acuerdo de paritarias con Camioneros con un aumento del 25,5% anual.

En la presentación judicial que realizó el Ejecutivo contra la cámara como representante de los empresarios camioneros cercanos a Moyano, apunta a la connivencia entre ambos y a la responsabilidad penal de los privados. Puntualmente, según la causa del juzgado de Ercolini, los empresarios habrían violado el artículo 3° inciso g, donde se afirma que los principios de la política hidrocarburífera apuntan a «la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos». Según el Gobierno, el no haber puesto a disposición los camiones habría atentado contra la intención oficial de que haya salida de vehículos para garantizar la disponibilidad de naftas en esa jornada. Pudieron además salir del centro distribuidor de La Matanza unos 8 camiones, que hubieran sido más si los empresarios hubieran dispuesto más vehículos.

La Justicia podría además sumar esta denuncia contra Fadeeac con la que está en poder del juez Sergio Torres por la que el Gobierno acusó a Hugo y Pablo Moyano a raíz de bloqueos en la salida de camiones de varias destilerías. Según el fiscal González, ambas denuncias apuntan a que se intentó «que no circularan camiones que transporten combustibles».

En ese sentido, recordó que en la causa que tiene Torres «se indica que un grupo de personas que responden a directivas de la entidad gremial que impulsa las medidas de fuerza impidieron la libre circulación de los transportes de combustible y con ello el fluido abastecimiento de esos insumos críticos para la comunidad».

«Estas circunstancias me llevan a considerar que el delito de entorpecimiento del transporte habría sido cometido en forma simultánea por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas y por la Fadeeac», justificó en su dictamen.

El fiscal podría pedir las conversaciones mantenidas, o el intento de concretarlas, entre el Gobierno y los empresarios afiliados a Fadeeac ese 20 de junio por la noche, donde también intervino el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti.

Esas conversaciones tenían como fin tratar de garantizar el transporte para abastecer de combustible, y en ese marco es que el titular de la cámara, Luis Morales, se habría comprometido a poner a disposición del Gobierno varios camiones de transporte de combustible que debían abastecer por la noche diferentes estaciones de servicio de YPF. Se le había garantizado además a Morales que estas unidades circularían sin mayores problemas custodiadas por la Gendarmería y que luego de esta afirmación el empresario habría dado el visto bueno. Luego, siempre según la versión oficial, desde el Gobierno no pudieron volver a contactarlo. Los camiones no aparecieron.