Gobierno ata idea de juzgar a menores a una “ley integral”

Desde el Ejecutivo afirman que no hay anteproyecto redactado y que el mes que viene se convocará a especialistas pero con la intervención de varios ministerios.

Germán Garavano

El Gobierno salió ayer a bajarle los decibeles a la posibilidad concreta de bajar la edad de imputabilidad de los menores de los actuales 16 a los 14 años, como había planteado el ministro de Justicia, Germán Garavano, en el marco de una iniciativa más amplia. Funcionarios del área explicaron que la idea es comenzar a formar las comisiones que este año -sin tiempos prefijados aunque en un año electoral- debatirán sobre la necesidad de una ley penal juvenil, donde el tema siempre discutido es definir si se baja dos años el límite que hoy es considerado para juzgar menores como si fueran adultos. Una "mesa" de especialistas será convocada el mes próximo, a más tardar en marzo para comenzar ese trabajo. "No importa tanto la edad como el tratamiento que se le da a los menores que delinquen", indicaron fuentes de la cartera de Justicia el verdadero motivo para descongelar la discusión, cíclica en la Argentina.

Fuentes oficiales afirmaron que todavía no tienen un anteproyecto redactado que eventualmente sería validado con las conclusiones a las que puedan arribar las comisiones de juristas, académicos, magistrados y fiscales. A esos debates piensan integrar a representantes de los ministerios de Seguridad, de Educación, de Salud y de Desarrollo Social pero con vistas a instalar el debate más no definir ("si no existe consenso") un proyecto de ley que sea enviado al Congreso. Todo será en el marco del programa Justicia 2020, para el cual ya se realizó un trabajo de campo previo durante el año pasado recogiendo opiniones en el interior del país. A Garavano lo que le interesaría es el abordaje integral de los menores infractores y la forma de evitar su reincidencia, en el marco de una reforma normativa heredada de la dictadura militar. También con un objetivo de alto impacto en la opinión pública, la baja en la edad será utilizada como un globo de ensayo. Mauricio Macri autorizó el armado de esas comisiones, pero desde el Gobierno indican que no dio todavía una orden específica para que menores que delinquen puedan ser juzgados como adultos desde los 14 años. El tema disparó ayer un debate político con posturas a favor y en contra. Desde el ámbito jurídico, sólo salió en apoyo de la iniciativa el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una ONG que suele apuntalar las estrategias oficiales.

La Procuración Penitenciaria recordó que la Argentina es el único país latinoamericano sin Sistema Penal Juvenil y solo reglado por un decreto heredado de la dictadura. Pero que el límite de imputabilidad debe estar regido por lo que establece la Convención de Derechos del Niño y sólo dentro de un sistema que asegure garantías y el debido proceso en los casos de menores infractores. "Todo ello exige que sea un sistema con procedimientos y penas diferentes a los de los adultos; contrario a lo que ocurre en la actualidad al mantener vigente el decreto 22.278, lo que hace incurrir al Estado en responsabilidad internacional", resaltó en un comunicado. El país ya está en falta con dos condenas encima en la sentencia del caso "Bulacio" y el caso "Mendoza".

El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, afirmó que el Ejecutivo plantea la baja para casos específicos: homicidio, violaciones y delitos con armas (algo mucho más amplio porque podría incluir una tentativa de robo) pero sólo para que el juez determine si comprendía la ilegalidad del hecho. De todas formas, admitió que la sola baja en la edad "no va a solucionar nada". Desde el Gobierno admitieron igual que según las estadísticas de menores institucionalizados, la mayor densidad con delitos graves era a partir de los 15, lo que, dijeron, sería discutido como tope en el marco de las comisiones.