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Gobierno blanquea esta semana a más de 1.000 ferroviarios "tercerizados"
Carlos Tomada
Esta unidad que es una UTE (Unión Transitoria de Empresas) está integrada por las empresas privadas que operan todo el servicio ferroviario metropolitano (Metrovías, TBA y Belgrano Norte), pero cuenta con recursos del Presupuesto nacional. Esto quiere decir que el dinero para el blanqueo de este personal será aportado por el Gobierno a través de un decreto mensual del jefe de Gabinete por tratarse de un gasto nuevo que no puede cubrirse con un ajuste sobre lo que se usó este año. En total, ya está confirmado que ingresarán a la planta del Roca unos 950 operarios de las empresas tercerizadas, cuyos contratos comenzarán a regir desde el 1 de enero.
El listado final de trabajadores quedará definido el viernes 31 de diciembre, y podría superar finalmente los 1.050 nuevos empleados públicos. Éstos pasarán a cobrar de un máximo de 2.000 pesos mensuales (dinero que se les liquidaba por trabajar en empresas contratistas, en la mayoría de los casos detectados «en negro»), a entre 4.000 y 5.000 pesos mensuales de bruto, dependiendo de la categoría que corresponda. Sumando horas extras, los operarios podrían cobrar hasta 7.000 pesos mensuales, la misma cantidad de dinero que perciben actualmente los trabajadores de la Unión Ferroviaria, el gremio de José Pedraza. Incluso, en teoría, los nuevos empleados de la UGOFE deberían pasar a revistar en las listas de afiliados de este sindicato. Será una situación paradójica, ya que militantes y «barras bravas» vinculados a ese gremio habrían provocado la muerte de Mariano Ferreyra, el militante del PO y miembro de una pyme tercerizada, por cuya muerte en octubre se generó el proceso de incorporación de estos operarios a planta permanente.
Según fuentes oficiales, sólo un pequeño sector de los operarios tercerizados no ingresará a la planta de la UGOFE. Se trata de unos 70 empleados de empresas vinculadas a la limpieza, seguridad y algunos locales comerciales subcontratados por la administradora cuya situación, según la interpretación oficial, no puede ser similar a la de los trabajadores tercerizados del Roca. Esto se fundamenta en la Ley de Contratos de Trabajo, por la cual se establece que una empresa (pública o privada) debe ser solidaria cuando los operarios de una contratista realicen tareas vinculadas directamente a la actividad principal de la contratante. Como se trata del sector ferroviario, sólo los trabajadores vinculados al funcionamiento de los trenes pueden ser incorporados a la planta permanente siguiendo la línea de la solidaridad de la actividad principal. En su mayoría se trata de operarios vinculados a tareas técnicas y mecánicas que pueden ser interpretadas como fundamentales para la operatividad de los ferrocarriles.
Los contratos de algo más de 1.000 trabajadores serán presentados esta semana dentro del Ministerio de Trabajo que conduce Carlos Tomada, y desde enero los operarios comenzarán a cobrar sus salarios dentro de la nueva modalidad. Según fuentes de esa cartera, en la mayoría de los casos ya se terminaron de confeccionar los papeles necesarios, incluyendo las inscripciones en la ANSES a lo que se pidió especial celeridad. También efectuaron sus revisiones médicas (en algunos casos, la primera laboral que realizaron en sus vidas) y se firmaron los contratos con las ART. Todos pasarán a estar en blanco, a cargo de la UGOFE, y con el Estado nacional como aportante de los sueldos mensuales. Como estarán en relación de dependencia, pasarán a tener liquidaciones de aguinaldos y vacaciones, además de la obligación de realizar aportes, también en muchos casos por primera vez.
En el caso del listado de los 60 operarios que cortaron el jueves pasado las vías del Roca en Avellaneda y que desde el Partido Obrero se le entregó ese mismo día a Tomada, sólo pudieron identificarse como trabajadores ferroviarios unas 20 personas, pero ninguna era del Roca. Esos trabajadores pertenecerían a tercerizadas, pero de la línea Mitre. Algunos analistas oficiales comenzaron a estudiar la situación de esta empresa administrada por TBA (familia Cirigliano), ya que se especulaba que en ese servicio y en el Belgrano Sur podrían generarse los próximos conflictos sobre tercerizados que alienta el Partido Obrero.


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