Gobierno busca controlar gasto en Magistratura

Luis María Cabral, Alejandro Sánchez Freytes y Julio Piumato.

El oficialismo buscará esta semana avanzar en el Consejo de la Magistratura y obtener un asiento estratégico para los asuntos presupuestarios del Poder Judicial. La negociación se desarrolla en voz baja y persigue instaurar la figura de un veedor que realice un seguimiento a las tareas del administrador general, Germán Krieguer, hombre bien conceptuado en la Corte Suprema de Justicia. La definición se prolonga porque el gremio de jueces, envalentonado por haber logrado la presidencia y la vicepresidencia del cuerpo colegiado, también aspira ahora a conseguir ese asiento.

Estas conversaciones tienen su origen en la inexorable realidad de que el Gobierno terminará acordando con el Consejo -esta semana podría haber un encuentro con Jorge Capitanich- para financiar parte de los sueldos de todo el Poder Judicial. Por su parte, la Corte podría rever su posición de hace un mes y medio de no financiar más al Consejo y aportar algunos giros a sus debilitadas finanzas.

En el bloque K que funciona en el Consejo, estas vicisitudes corren por cuenta de Julián Álvarez, quien entiende que de confirmarse el escenario estimado, el Gobierno debe contar con una especie de supervisor que informe sobre el destino de los gastos (no será demasiado complejo, ya que el 90% de los fondos del Consejo está destinado a salarios).

El problema es de formas. El oficialismo quisiera que esta figura se constituyera con el cargo de subadministrador del Poder Judicial, mientras que desde la oposición, y en especial entre los jueces, aceptarían ceder un cargo de veedor cuyas atribuciones son mínimas.

El titular de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, ha asumido el protagonismo en estas tratativas, así como en otros asuntos del Consejo, como fue el nombramiento de Fátima Nicastro en la oficina del presidente del Consejo, el juez Alejandro Sánchez Freytes. Algo entendible a partir de la certeza de que Cabral buscará en el mes de octubre ser electo para la Magistratura por la lista bordó. Una mala gestión de las actuales autoridades (que son de esa lista) podría ser más que inconveniente al momento de sumar voluntades.

Por cierto: en los sectores más conservadores de la lista bordó no convence la posibilidad de que la jueza chaqueña Zunilda Niremperger sea la compañera de fórmula de Cabral en la elección al Consejo. Desconfían de su buena sintonía con Capitanich.

Sin embargo, Cabral es una figura en alza desde que logró que Sánchez Freytes, con Gustavo Recondo como vice, desembarcara en el organismo que selecciona y remueve jueces, y que, además, lo hiciera con el voto del oficialismo. Esta buena racha lo ha llevado a pensar que desde el gremio se podría impulsar un candidato para el cargo de veedor, lo cual es inaceptable entre los kirchneristas.

Estas posibilidades ponen en alerta a diversos operadores de la política judicial que desean cargos en el Consejo y que hasta el momento han visto defraudadas sus expectativas.

Conductas

El bloque oficialista exhibe conductas contrapuestas a las previstas durante la feria estival. En el plenario del jueves, dominado casi por completo por los nuevos escándalos de Norberto Oyarbide y un grupo de policías, Álvarez y el diputado Eduardo de Pedro guardaron un cauteloso silencio y sólo dijeron que esta semana se interiorizarán sobre dicha cuestión. Las exaltaciones y los gestos campechanos corrieron una vez más por cuenta del diputado Carlos Moreno y el senador Marcelo Fuentes, que el jueves a la noche volvió a deslizar que no ve la hora de alejarse del Consejo y sus avatares. El próximo jueves habrá un nuevo plenario en el cual se discutirán las denuncias contra el juez.

Hoy volverá al país, tras un viaje académico por Europa, Ricardo Lorenzetti, quien tendrá algunos comentarios respecto de los issues presupuestarios. Además, deberá lidiar con nuevos pedidos de reunión del sindicalista judicial Julio Piumato (cercano a Hugo Moyano) que ya comienza a registrar numerosos reclamos sobre una paritaria que todavía no ha comenzado y cuyo destino ya no se decidirá únicamente en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sino también en Balcarce 50. Los judiciales suelen recibir tres incrementos salariales que se distribuyen a lo largo del año y que llegan a sumar entre el 30% y el 35%.

La incertidumbre respecto de las finanzas del Consejo ha paralizado las negociaciones que, por lo general, a esta altura del año desarrollan Piumato y el presidente de la Corte Suprema.