Gobierno busca graduar los aumentos en combustibles

Guillermo Moreno

La amenaza del Gobierno de aplicar la ley de abastecimiento a partir de esta semana para regular los precios y el volumen de combustibles en el mercado interno, buscaría tener un efecto desalentador para nuevos aumentos, más que la posibilidad real de obligar a las petroleras a retrotraer los valores.

La Secretaría de Comercio Interior salió a plantear el uso de la ley después de que Shell aplicó la segunda suba del mes en los precios de sus productos al público. La misma empresa había anticipado días antes que los valores de los combustibles seguirían en alza debido a un aumento del 20% en el precio del petróleo que se vende en el mercado interno.

La advertencia del Gobierno no parece aplicable en tanto los precios de los combustibles están desregulados, no hay disposición que modifique esa situación y no hay falta de producto en las estaciones. Por otra parte, varias de las sanciones aplicadas a la misma Shell en 2006 y 2007 por presunto desabastecimiento de gasoil en estaciones de servicio todavía siguen dirimiéndose en la Justicia, y falta un pronunciamiento definitivo sobre la vigencia de la norma o de algunos artículos de la misma.

La ley 20.680 de 1974 fue derogada parcialmente en 1991, manteniéndose sólo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte normas sobre comercialización, intermediación, distribución y producción. De todas formas, cuando se la aplicó en 2006, la Secretaría de Comercio Interior debió dictar una resolución específica (la N° 25) obligando a las petroleras a entregar al mercado interno la misma cantidad de gasoil que durante el año anterior más un coeficiente relacionado con la evolución del PBI.

Posteriormente, en enero de 2008, la Secretaría de Comercio Interior comunicó por nota a las petroleras que no se autorizarían exportaciones de combustibles hasta que los precios se retrotrayeran a los vigentes al 31 de octubre anterior. Como hay productos que surgen de la refinación del petróleo que no se consumen en el mercado interno y hay una limitada capacidad de almacenamiento si la actividad continúa a ritmo normal, la mayoría de las empresas aceptó la rebaja aunque en forma parcial.

En la situación actual no medió, por lo menos todavía, una norma específica o una comunicación a las empresas. De todas formas, también es cierto que en otras ocasiones, el Gobierno recurrió a no autorizar importaciones para manifestar el malestar por los precios internos.

Además de los aspectos prácticos de la amenaza, un dato cierto es que el Gobierno viene dejando que los precios de los combustibles avancen desde 2009, siendo en parte beneficiado con esas subas porque alrededor del 50% del valor al público son impuestos. Pero por otra parte, la caída del precio del petróleo en el mercado local había provocado desde el principio de la crisis financiera internacional,a fines de 2008, una pronunciada caída de la actividad de extracción amenazando la estabilidad de los trabajadores petroleros y las cuentas de las provincias productoras por la disminución de las regalías.

De este modo, el Gobierno habilitó -y sigue haciéndolo- una recuperación del precio del petróleo y su traslado al valor de los combustibles desde 2009, con el mensaje implícito de que no se exagere con los aumentos, de algún modo se los dosifique al estilo que utiliza YPF. Otra cara del problema es que si Shell u otra de las petroleras avanzan solas con las subas, pierden mercado e YPF ya llegó al máximo de lo que puede vender con su actual capacidad de refinación y con su propio petróleo.