Gobierno desalojó a “movilizados” y los acusó de extorsionar

El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y presuntos excombatientes terminó con 25 detenidos y cuatro policías heridos. Garré los definió como «extorsionadores».

La CGT de Hugo Moyano emitió ayer un nuevo gesto de disidencia frente a la «sintonía fina» de la Casa Rosada. Después de haber criticado el salariazo en el Congreso, la ley antiterrorista y la represión de protestas contra la megaminería en la Cordillera, la central obrera emitió un comunicado titulado «Represión en Buenos Aires, ¿algo está cambiando en la Argentina».

Con la firma de su secretario general, Hugo Moyano, la CGT salió a repudiar así «la represión» contra exsoldados que reclaman ser reconocidos como veteranos de Guerra de Malvinas y se preguntó «si algo está cambiando en la Argentina». «Sin entrar a considerar el fondo de la cuestión, preocupa a la CGT este aparente cambio de política, antes patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reprimiendo indigentes a través de la UCEP o a los manteros de Florida con la Policía Metropolitana», señaló la CGT a través de un comunicado que también firma el secretario de Derechos Humanos, Julio Piumato.

Preocupación

«A las represiones a los trabajadores camioneros en Chubut, al pueblo catamarqueño que protestaba contra las minas a cielo abierto, ahora se suma este nuevo hecho reñido con el respeto a los Derechos Humanos y con las políticas implementadas por el Gobierno nacional desde el año 2003», agregó el texto.

«Por ello la CGT manifiesta su rechazo y su preocupación frente a una escalada que esperamos no sea un cambio en la política de persuasión y de respeto irrestricto a los Derechos Humanos que pretendemos siga siendo una política de Estado», se agregó.

El pronunciamiento marca la distancia entre el Gobierno y la CGT, que más temprano también había repudiado el aumento de las dietas de los legisladores nacionales.

Tensión

Más allá de la chicana sindical, la causa Malvinas se está convirtiendo en una punta de lanza política difícil de manejar para el kirchnerismo en medio de la tensión diplomática con el Reino Unido, que incluye una denuncia del canciller, Héctor Timerman, ante la ONU por la militarización del Atlántico Sur. La semana pasada, cuando Cristina de Kirchner anunció esa queja ante Naciones Unidas, un puñado de presuntos excombatientes atacó a patadas y golpes de puño al diputado oficialista José María Díaz Bancalari a la salida de la Casa Rosada. El incidente derivó en una denuncia ente la Justicia en los Tribunales de Comodoro Py realizada por el titular de la Cámara, el bonaerense Julián Domínguez.

Ayer se sumó el violento desalojo de otro sector de veteranos continentales que se enfrentó con la Gendarmería y la Policía Federal en plena Avenida 9 de Julio. El resultado fue un total de 25 detenidos y cuatro policías heridos. Después de la protesta, que se mantuvo en distintas modalidades durante todo el día, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ratificó su postura y calificó de «extorsionadores» a los manifestantes, quienes «reclaman un tratamiento especial por haber sido movilizados al Sur con argumentos que le caben a toda la población de la Patagonia».