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Gobierno duda que corte sea por tercerizados. “Fue el PO”
Gobierno recibió en el Ministerio de Trabajo a los manifestantes. Pedían blanqueo inmediato de 60 personas y 3.000 pesos para cada uno.
Según el análisis del ministro, se trataba del reclamo para la incorporación inmediata de 60 personas que en teoría revistaban entre los tercerizados del ferrocarril. A éstos, según el pedido de los militantes que al mediodía se encontraron con Tomada y su jefe de Gabinete, Norberto Ciaravino, debían garantizarles de manera inmediata (y sin que haya habido un pedido previo) su incorporación a la planta permanente del ferrocarril, además de entregarles 3.000 pesos para las fiestas.
El ministerio, sin embargo, no pudo identificar a ninguno de los 60 como integrantes de algún listado de las empresas tercerizadas que contratan los ferrocarriles para diferentes servicios, y que generaron el conflicto que derivó en la muerte de Mariano Ferreyra en octubre pasado. Sí fueron identificados varios militantes del Partido Obrero, tanto en el corte de las vías del Roca como en la reunión en el Ministerio de Trabajo. Estos no pertenecían, además, según los datos oficiales, a ninguno de los varios sindicatos que nuclean a los operarios de los trenes.
La cartera laboral se comprometió igualmente a que antes del 31 de diciembre la situación de las 60 personas será analizada y, si efectivamente se trata de personal subcontratado, terminarán siendo efectivizados. El ministerio aclaró además que en esa situación se encuentran ya 1.000 operarios de diferentes sectores y que la próxima semana habrá más novedades en los planes de registración.
Sin conciliación
En total, la reunión de Tomada, Ciaravino y los militantes en Trabajo duró algo menos de 6 horas, y recién cerca de las 19:30, cuando ya se habían desarrollado a pleno los incidentes de Constitución, se decidió el levantamiento del corte. Antes, los técnicos del ministerio rechazaron la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, ya que no se trataba de personal identificado, con lo que no había ningún sindicato al cual enviarle la orden.
Hace algo menos de un mes, el Ministerio de Trabajo se había quejado por los listados que se le entregaban a esa cartera de operarios que en teoría debían ser tercerizados. Muchos de éstos, la mayoría incluso había manifestado y cortado calles y vías, no tenían finalmente vinculación con las empresas tercerizadas o directamente nunca trabajaron para estos servicios. Sólo una parte de los empleados que figuraron en los listados efectivamente revistaba en una situación de subcontratación o directamente operatividad en negro.
Al comienzo del conflicto, el día que fue asesinado Ferreyra, los trabajadores reclamaban la reincorporación de 120 despedidos de una empresa tercerizada que era contratada por los prestadores del servicio de la ex línea Roca. Esta respuesta desfavorable para los pedidos que realizaban los trabajadores motivó que los manifestantes cortaran ayer el tránsito en la avenida Leandro N. Alem, frente al Ministerio de Trabajo, y luego bloquearan las boleterías de la estación Constitución.
Desde ese momento, el ministerio comenzó a preparar programas especiales para tratar los conflictos de los tercerizados, y se anuncia para la semana próxima un plan de blanqueo que funcionará durante todo 2011. El gran problema legal que debe resolverse es el alcance real de la Ley de Contratos de Trabajo, y el concepto de solidaridad que deben tener las compañías contratistas cuando haya casos de precariedad laboral de las empresas que subcontratan. Según la ley, sólo cuando se trate de actividades relacionadas directamente con el núcleo productivo existiría la solidaridad. Si se tratase de servicios indirectos, esta obligación no regiría. Sucede luego que en la práctica hay múltiples grises que no pueden determinarse. La actividad de los tercerizados ferroviarios sería uno de estos casos.
El Roca es administrado por la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE), que integran Metrovías (Roggio), TBA (Cirigliano) y Belgrano Norte (Romero). Su manejo es subsidiado por el Estado.


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