Gobierno empieza una etapa de manos libres

Antonio Caló

El Gobierno tendrá a partir de hoy más libertad de movimiento para aplicar, y anunciar, sus decisiones de política laboral: ya no estará atado a la necesidad de negociar y eventualmente discutir, con ningún referente natural e institucional medidas como el aumento del salario mínimo vital y móvil, la suba del mínimo no imponible de Ganancias y las asignaciones familiares. En otras palabras, desde hoy, ya no será necesario que Hugo Moyano avale de alguna manera estas decisiones y que el titular de la CGT, al menos hasta ahora, necesariamente participe del acto y la foto oficial.

No es un dato menor. Es lo que consecuentemente vino sucediendo desde 2004 hasta 2011 con todas los avances importantes en política laboral oficial. Ahora, al menos hasta el 3 de octubre que la CGT oficial, o al menos no rebelde, haga su propio congreso para elegir autoridades donde sería consagrado, al menos por ahora, el metalúrgico Antonio Caló como la contrapartida moyanista. Esto libera hasta esa fecha al Gobierno de la necesidad de contar con una central obrera para las negociaciones. Sucede que legalmente, al no ser reconocida desde hoy la CGT de Hugo Moyano como tampoco ninguna de las dos CTA, y mucho menos la CGT Celeste y Blanca de Luis Barrionuevo, no hay interlocutor institucional para el Ejecutivo. Curiosamente, la situación se da en tiempos en que luego de terminadas las negociaciones paritarias correspondientes al período 2012, anualmente se acumula la necesidad de definir medidas clave para la política de ingresos laborales.

La primera cuestión que debería resolver el Gobierno nacional para esta época es el llamado a la apertura del Consejo del Salario. Esta institución representa en los mensajes oficiales uno de los orgullos del kirchnerismo, ya que, olvidado en los 90, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia se reconstituyó en el ámbito donde empresarios y sindicatos negociaban (o más bien hacían que discutían), un nuevo salario mínimo general para todo el país. El número actualmente se encuentra en los 2.300 pesos, y obligatoriamente debe aumentarse. Se especulaba dentro del oficialismo que debería ubicarse cerca de los 3.000 pesos. Sin embargo, al no haber una central obrera oficializada al menos hasta octubre, no habrá interlocutores para sentarlos frente a las cámaras empresarias para resolver el anuncio. Obviamente, tampoco es una cuestión que pueda demorar hasta el último trimestre del año. El Ejecutivo se encuentra entonces en una paradoja: si llama al Consejo, debe hacerlo con los moyanistas a los que no reconocerá; pero si decide aumentar el salario mínimo por decreto (el último antecedente es Carlos Menem) estará demoliendo una institución (el Consejo del Salario) del que el propio kirchnerismo se enorgulleció de reconstruir.

La segunda definición que deberá tomar el Gobierno, sin centrales habilitadas, es la eventual suba del mínimo no imponible de Ganancias. Dentro del Ejecutivo hay dos tendencias. La primera es que se debe tomar la medida rápidamente, para ayudar a sostener la economía interna con un mayor consumo. Según esta visión, el último escollo era Hugo Moyano y su interna cegetista. Otra visión, fiscalmente más conservadora, es que aún debe esperarse al menos unos meses más, hasta saber la verdadera situación de ingresos y gastos para definir el monto de la suba del mínimo de Ganancias. De cualquier manera, Cristina de Kirchner ya está liberada para tomar cualquier decisión sin la necesidad de compartir actos con Moyano. Incluso se menciona que la mejora en Ganancias puede ser el premio que los sindicalistas oficiales que abrirán la nueva CGT en octubre necesitan para solidificar su posición. En el listado está Smata, la UOM, UOCRA, Comercio, portuarios, petroleros y mineros, que necesitan de la mejora para poder justificar dentro de sus gremios la suba salarial del 24% promedio de este año en las negociaciones paritarias.

Situación similar es la posibilidad de aumentar el monto para liquidar las asignaciones familiares, hoy en 5.000 pesos mensuales. Fuentes del oficialismo creen que éste es el tipo de medidas que el kirchnerismo más puede facturar en sus días de moyanismo opositor.