Gobierno exprime DNU de cabotaje (para el exterior usa leyes)

Cristina de Kirchner ya está decidida: gobernar con leyes es demasiado incómodo. Los decretos de necesidad y urgencia se han demostrado más eficaces, rápidos y exentos de molestos debates. Nunca como en estos tiempos se han tomado decisiones apelando a esos instrumentos sin considerar los dos requisitos básicos que exige el sistema: la necesidad y la urgencia para no esperar al Congreso. Pero los DNU tienen sus límites: no pueden ser utilizados para cualquier cosa. En este punto no hay que engañarse: la Constitución aclara que no pueden aplicarse en «materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos». La historia argentina indica que esos límites, salvo en materia penal, ya han sido traspasados, por los Kirchner y por sus antecesores en la Rosada.

Esos límites parecen más bien destinados a marcar una diferencia clara entre las decisiones de cabotaje y las internacionales. Es así: parece posible solucionar cualquier problema interno mediante un DNU, pero el mundo no acepta que ciertas cuestiones no pasen por una ley. Sería imposible pensar que la reforma en el control al lavado dinero saliera por una simple resolución presidencial, y esto no es sólo porque involucre el Código Penal. En el mundo normalmente las leyes se votan, no se decretan. Sería extraño que el GAFI aceptara una reforma a la UIF por decreto.

Esta semana hubo un claro ejemplo que ayer publicó el Boletín Oficial. El Gobierno decretó la reforma a la ley que rige el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para eliminar los límites a la cantidad de directores que puede colocar en las empresas donde el Estado posea tenencias accionarias a través de la ANSES.

La medida puede entrar en el terreno de lo opinable, y la discusión, durar meses, pero en este caso otro problema es la forma. Por si no quedó claro en el enunciado anterior: la Presidencia modificó por DNU el inciso f de la Ley 24.241 que fue sancionada por el Congreso el 23 septiembre de 1993. Es decir, la ley con la que Carlos Menem y Domingo Cavallo lanzaron el sistema de AFJP.

Es obvio que necesidades puede haber, incluso hasta la de tomar esta medida, pero no se entiende dónde está la urgencia que justifique el decreto. Así, una vez más, una ley se modifica por decreto y no es ése el uso que se pensó para los DNU, una epidemia que se trasladó también a la Capital Federal (ver nota en pág. 13).

Sin control

El Gobierno se escuda en que todas esas disposiciones luego son revisadas por el Congreso. En lo formal es cierto, en lo real Cristina de Kirchner sabe que fue lo suficientemente inteligente para garantizarle a su marido, cuando ella como senadora presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales, un sistema por el que sólo con el rechazo de las dos cámaras uno de esos decretos pierde vigencia y, además, no hay un límite de tiempo para tratarlos. Un imposible, en ese momento y ahora. Lo real es que la Bicameral de los decretos poco aporta para controlarlos.

Así las leyes se han convertido en una rara avis. Es decir, se invirtió la ecuación que Raúl Alfonsín introdujo en la Constitución en el Pacto de Olivos, al darles entidad constitucional a esos decretos, un error que nunca reconoció.

Este año la situación se complicó aún más con la falta de Presupuesto nacional. Es increíble que la oposición no siguiera presionando este año con votar esa ley. El radicalismo anunció que lo haría, pero quedó luego envuelto en las batallas de su interna y afuera de toda efectividad parlamentaria.

La ausencia de Presupuesto abrió la puerta a la justificación y a la discrecionalidad para manejar toda la contabilidad nacional, el gasto, deuda, pagos, sin consultar al Congreso y sólo con una lapicera.

Para entender qué significa en materia institucional basta con mirarse estos días en el espejo de Barack Obama. Tuvo que negociar en el Capitolio la votación de su presupuesto, aceptar un recorte de gastos (es cierto que menor al que pretendían los republicanos) y estuvo por horas al borde de la parálisis de la administración pública estadounidense. Está claro que no tenía a mano los DNU, con los que hubiera solucionado la cuestión en minutos.