Gobierno impulsa recorte de 80% a inteligencia militar

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• SE PARALIZARÍA LA PLANTA DE PERSONAL CIVIL DEL EJÉRCITO SIN ASIGNACIONES PARA SUELDOS
Sería la poda más severa de los últimos tiempos. La gestión Kirchner también bajó recursos y personal en el área. También habría ajuste dentro de la Armada y Fuerza Aérea.

El Gobierno prepara un fuerte recorte a los recursos asignados a la inteligencia militar. La poda que no tiene antecedentes en la historia desde el advenimiento de la democracia alcanza al 80% del guarismo del año pasado.

El cuadro de gastos por programa e incisos elaborado por la Jefatura de Gabinete llegó a la oficina de la contadora Inés Slepczuk, a cargo de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Defensa. Muestra una asignación total de $200 millones para el ejercicio 2017 y lo compara con los $1.086 millones de la gestión de este año

El sistema de inteligencia militar se basa en una entidad del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (que tiene relación funcional directa con la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, cabeza del sistema nacional de inteligencia) y las direcciones de cada una de las tres fuerzas armadas.

Las discusiones para llegar a un consenso sobre la ley de Presupuesto arrancaron la semana pasada, pero al parecer el foco puesto en endeudamiento, dólar y distribución de ingresos a provincias, entre otros temas, no deja tiempo al debate de los asuntos vinculados a la Defensa.

Un dato dejó boquiabiertos a los funcionarios encargados de procesar los números castrenses; el inciso 1.1 (sueldos de personal) tanto para el organismo de inteligencia del Ejército como para la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar tiene 0 (cero) asignado. El cuadro de apertura de gastos que proyecta el equipo de Marcos Peña implica la paralización lisa y llana de la planta de personal civil de inteligencia que revista en el Ejército Argentino. También supone un ajuste, aunque no terminal, dentro de la Armada y la Fuerza Aérea. ¿Llegará al ministaff de analistas de inteligencia militar liderados por Jerónimo Morales Rins que trabaja para la Casa Rosada?

Después de la asunción, Mauricio Macri confió la conducción política de la inteligencia nacional a Gustavo Arribas, designándolo al frente de la AFI secundado por Silvia Majdalani, y dio una consigna: tomar el control de la actividad. La guadaña a los servicios castrenses tendría esa explicación aunque sus actividades dejaron de pesar hace tiempo en el escenario que más preocupa al poder; espionaje doméstico, para operaciones políticas y periodísticas, para descalificar a sectores internos del partido oficial o sectores de la oposición. El drástico ajuste parece un contrafuego, encender un sector para tratar de controlar el incendio mayor, el del espionaje civil sacudido por el caso del extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión y otros anteriores, como el de la muerte del fiscal Nisman.

La gestión Kirchner se encargó de recortar paulatinamente recursos y personal de la inteligencia castrense en particular durante la gestión de Nilda Garré. La excusa política fue el desaguisado de Trelew, "un copy paste" de personajes de la política que acumulaba la oficina de inteligencia naval de la Base Almirante Zar en Trelew, que costó el procesamiento al exjefe naval Jorge Godoy y su segundo, Benito Rótolo, por violación de la ley de Inteligencia. Sí se alimentó con presupuesto e inserción en la gestión política al entonces titular del Ejército César Milani, que tejió una trama de relaciones con sectores de la ex Side. El caso Nisman los puso en evidencia: aparecieron comunicaciones telefónicas reveladas en un informe de la división Fraudes Bancarios de la Policía Federal que había solicitado la fiscal Viviana Fein.

Majdalani, la señora 8, segunda al mando en la AFI, está convencida de que esa espina punza en todos los escenarios conflictivos del Gobierno porque aún subsiste el "milanismo" en las filas castrenses. Desconoce que con el pase a retiro, Milani, como otros jefes que tuvieron influencia, pierden lealtades y acceso a la caja.

No se comprende cuál será el camino administrativo a seguir por la Casa Rosada si pretende avanzar con el recorte en estudio. Los PCI (acrónimo de personal civil de inteligencia) se rigen por el Estatuto de Personal Civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y como cualquier ley laboral está normado el tiempo de servicio y las condiciones de jubilación. En la búsqueda de depurar filas otras administraciones procedieron a desvincular a contratados (cuyos acuerdos no se prorrogan) y a agentes en edad de jubilarse. No hay otra forma, claro, con arreglo a derecho. Se sabe que a la fecha por ese camino dejaron la actividad unos 500 agentes, entre administrativos, analistas y profesores del sector militar.

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