Gobierno insiste: ‘‘No se negocia’’

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«No hay negociaciones abiertas. El Presupuesto se aprueba tal cual la Presidenta lo envió al Congreso, o se prorroga el de este año. Las únicas conversaciones con la oposición serán para explicar esto, no para modificar un solo capítulo del proyecto que se envió, en tiempo y forma, al Congreso». Así, seco y directo, una alta fuente del Gobierno nacional le explicaba a este diario la decisión, adelantada el viernes, que tomó el Poder Ejecutivo: no se discutirán cambios en el Presupuesto y se prorrogará el de 2010. Además, el fin de semana Cristina de Kirchner terminó de decidir que no se recurrirá a sesiones extraordinarias para tratar ni el Presupuesto ni ninguna otra norma, con lo cual «el Congreso se cerrará hasta el 1 de marzo», según insistió la fuente.

Para esto, el Gobierno desempolvó un artículo de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional», sancionada el 30 de septiembre de 1992 y promulgada el 26 de octubre de ese año. Puntualmente, el artículo 27 de la norma habla de «si al inicio del ejercicio financiero no se encontrarse aprobado el Presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior». Este texto autorizaría al Ejecutivo a, de no contar con un Presupuesto aprobado, a gobernar con el de este ejercicio, incluyendo la legalización para ejecutar gastos y recaudar ingresos en las mismas condiciones que se concretaron durante el año anterior. Esto quiere decir que el Ejecutivo tendrá libertad y legalidad institucional para continuar con el mismo criterio de gastos y recaudación en 2011 que en 2010. Sobre el conflicto que se generaría con el dinero extra que se recaudaría por sobre el presupuestado originalmente por el Gobierno, dentro de Olivos se asegura que también la Ley 24.156 cubre de cualquier duda institucional. El mismo artículo 27 habla de la ejecución del Presupuesto prorrogado «con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados». Esto implicaría, para el Gobierno, que la propia Cristina de Kirchner podría decidir la distribución y destino de las partidas administrativas, sólo por decreto, sin necesidad de autorización por parte del Congreso. Esto incluye, para la visión oficial, la posibilidad de continuar con el mismo cronograma de distribución de dinero para fines presupuestados para 2010, como para la reasignación de partidas o para la ejecución de nuevos capítulo de gastos. Por ejemplo, el Gobierno podría resolver ejecutar una nueva obra pública o un nuevo capítulo de gasto, sólo por decreto. El criterio podría regir incluso para el dinero recaudado por sobre lo presupuestado originalmente para el ejercicio 2010. Las visiones más conservadoras dentro del Gobierno hablan de partidas que entre enero y septiembre del próximo año (un mes antes de las elecciones) superarían cómodamente los $ 50.000 millones.

Plan B

Incluso dentro del Ejecutivo se habla de un Plan B, para el caso de que haya algún tipo de impedimento para poder ejecutar nuevas obras públicas por fuera de lo presupuestado en la norma vigente para 2010. En Olivos se evalúa la posibilidad de alguna intervención judicial en contra de la alternativa y por la presentación de algún legislador opositor. Para este caso, en el Ministerio de Economía se habla de la alternativa de colocar deuda en el mercado voluntario, a menos del 6% de interés anual y con un fin específico y no para cubrir gasto corriente. Es la idea que siempre tuvo Amado Boudou, con el obvio aval presidencial, para recurrir en 2011 al mercado de deuda.

El esquema institucional para la aplicación de la Ley 24.156 tendría un solo peligro concreto: que el Congreso apruebe el proyecto de Presupuesto presentado con dictamen de la oposición. Como el artículo 27 habla de la situación que no haya una norma aprobada por el Legislativo, el veto no salvaría esta situación eventual. Sin embargo, en Olivos hay tranquilidad: el proyecto de la oposición, si se aprobara en Diputados, nunca sería tratado en el Congreso.

Un solo capítulo del Presupuesto preparado para 2011 genera cierta inquietud en el Gobierno, de no ser aprobado por el Congreso y necesitarse la prórroga de la norma de 2010. Se trata del pago de deuda con reservas, que para el próximo ejercicio supone el uso de dinero en el Banco Central por u$s 7.504 millones. Para esto, el Gobierno asegura que también el artículo 27 avala la operación, al decir que el Gobierno debe «incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales» e incluir «los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios».

Si esta interpretación fallara, el Gobierno recurrirá a un mecanismo conocido: enviar en marzo una nueva ley para la que, se asegura, habría apoyo del radicalismo alfonsinista y el socialismo. Y si ésta no fue aprobada en tiempo y forma para el primer vencimiento (segunda semana de abril de 2011), se recurrirá a un plan C: Cristina de Kirchner firmará un nuevo DNU, para el que, se asegura, hay aval judicial. Aparentemente, algunos actores que deberían intervenir en esta última alternativa no estarían tan de acuerdo, pero, obviamente, mencionarían el tema más cerca de la fecha.

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