Gobierno intentará modificar jubilaciones de judiciales

Ámbito Financiero anticipó la decisión del Gobierno.; Comparten palco ayer en el Congreso Diego Bossio (titular de la ANSES), José López (secretario de Obras Públicas), Juan Carlos Pezoa (secretario de Hacienda), Mariano Recalde (titular de Aerolíneas Argentinas) y Axel Kicillof (secretario de Política Económica).

Durante marzo, el titular de la ANSES, Diego Bossio, concurrirá a Diputados para avanzar sobre un proyecto de ley para terminar de eliminar definitivamente las jubilaciones de privilegio. La intención oficial es negociar la posibilidad de aplicar algún tipo de tope al pago de jubilaciones, para impedir, hacia adelante, que la Justicia siga avalando pensiones de hasta 90.000 pesos mensuales, como sucede actualmente, especialmente con los pensionados del Poder Judicial.

El anuncio lo hizo ayer Cristina de Kirchner en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, que adelantó que el director ejecutivo del organismo «seguramente esté aquí explicando las propuestas para eliminar este tipo de jubilaciones». Según la Presidente, las únicas pensiones de este tipo que se derogaron «fueron las de los diputados y senadores. Pero hay jubilados que en un sistema de aporte solidario, por fallos judiciales y de ajuste, están cobrando 95 mil pesos mensuales». Pidió la colaboración del Legislativo, ya que la eliminación de estos beneficios «debería estar avalada por el Parlamento».

Según la jefa de Estado, «hay denuncias de la ANSES contra algunos secretarios y jueces ante el Consejo de la Magistratura» y señaló que algunos de los beneficiarios de estos «regímenes de privilegio» son «nombres muy conocidos».

El anuncio de Cristina de Kirchner se suma a la resolución que firmaron el último miércoles el presidente del Senado, Amado Boudou; y de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, a través de la cual suspendieron «la tramitación de pensiones» que estaban habilitados a hacer senadores y diputados a través del Congreso.

Luego de haberse conocido la decisión de incrementar los salarios de los diputados y senadores, los titulares de ambas Cámaras «determinaron mediante una resolución conjunta la suspensión de la tramitación de las pensiones contempladas en el artículo 1° de la Ley 13.337», informó la oficina de Domínguez en un comunicado. De esta forma, los legisladores ya no podrán iniciar el trámite de pensiones graciables, algo que antes realizaban y luego lo remitían para la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, encargado también de pagar.

La Ley 13.337 data de 1948 y estableció que diputados y senadores podían peticionar distintas pensiones, con una duración de diez años, pudiendo ser prorrogadas.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de impulsar una ley que derogue definitivamente la aplicación de las jubilaciones de privilegio apunta directamente a los jueces y a algunos fallos conseguidos por algunos magistrados para sostener jubilaciones superiores a los 40.000 pesos mensuales en promedio.

El avance, adelantado por este diario el 4 de enero pasado, apunta a cortar al máximo la indexación, más bien multiplicación, que tienen los pagos de los retirados del Poder Judicial de la Nación y otros regímenes especiales.

Según los cálculos de la ANSES, se liquidan a algunos magistrados hasta 60.000 pesos mensuales, con casos que en algunos casos llegan a los 90.000 pesos con actualizaciones recientes. El promedio del sector, según los datos del organismo, es de 22.000 pesos mensuales.

El objetivo de la ANSES es la de retrotraer por ley las liquidaciones a números cercanos a los que paga el organismo, en una legislación que debería aplicarse hacia adelante, una vez sancionada la nueva norma por el Congreso.

Anualmente, según los números que maneja Bossio, se destinarían unos $ 400 millones a pagos extraordinarios de jueces, legisladores, exfuncionarios diplomáticos y otros funcionarios que por derechos adquiridos siguen cobrando jubilaciones de privilegio. La administración de los Kirchner sólo pudo frenar los pagos de este tipo que se realizaron a personal que tuvo cargos en Gobiernos militares. Sin embargo, quedan en la lista otros funcionarios que tuvieron cargos en Gobiernos democráticos, algunos de los cuales no estuvieron más que unos días en sus puestos.

La embestida contra los jubilados judiciales no será fácil. En casos similares han fracasado prácticamente todos los Gobiernos democráticos, especialmente en la intención que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, los magistrados son los únicos argentinos «privilegiados» por esta situación de no pagar el tributo por el cual está alcanzado el resto de los ciudadanos. En esta embestida, fracasaron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Hasta ahora, siempre, la «familia judicial» (como se autodenomina el sector que trabaja en Tribunales) logró que finalmente la Corte Suprema proteja sus salarios y jubilaciones de cualquier embestida desde el Ejecutivo o el Legislativo. Se asegura incluso que sólo pueden tocarse los salarios y las pensiones de los judiciales reformando la Constitución nacional del 94.