Gobierno irá a la Justicia para frenar polémica represa

En conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman aseguró que el Gobierno de José Mujica está «preocupado» por el proyecto que avanza en Corrientes.

En medio del intento de la Argentina y de Uruguay de domar el conflicto por la pastera UPM (ex Botnia), el Gobierno nacional anunció ayer que evalúa acciones judiciales contra las autoridades que correspondan para impedir la construcción en Corrientes de la represa Ayuí Grande, que -entienden- produciría impactos negativos en el medioambiente y derivaría en una violación del vapuleado Tratado del Río Uruguay.

La medida fue hecha pública por el canciller Héctor Timerman, quien además aseguró que por la mañana se comunicó con su par oriental, Luis Almagro, para darle a conocer la decisión respecto de un emprendimiento privado impulsado por dos empresas, que -detalló- pertenecen al financista estadounidense George Soros y al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda. También le adelantó que «en los próximos días» viajará a Montevideo «para hablar sobre el tema».

Timerman afirmó que el Gobierno que lidera José Mujica «está preocupado» por la situación, pero destacó que las autoridades del vecino país tienen «confianza» en que la Argentina hará respetar el tratado bilateral del Río Uruguay.

El proyecto empresarial Ayuí Grande busca construir una represa sobre el arroyo Ayuí, en la localidad de Mercedes. Según trascendió, la iniciativa incluye la inundación de 8 mil hectáreas -«la mitad de la Capital Federal»- de una reserva natural cercana a los Esteros del Iberá para crear un lago artificial y asegurar el riego de 17 mil hectáreas de arrozales.

La represa alteraría el curso de agua del Ayuí, uno de los afluentes del río Uruguay (a través del río Miriñay).

«La Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional; estamos evaluando presentaciones judiciales nacionales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento», dijo Timerman, en el marco de una conferencia de prensa en el Palacio San Martín.

Según el canciller, «la Argentina está decidida a actuar contra las empresas Copra, de José Aranda, y Adeco Agro, de George Soros, para evitar que se destruya el ecosistema en Corrientes y en toda la Mesopotamia». «A diferencia de una empresa industrial, el impacto en este caso está dado por la sola construcción de la represa», aclaró.

«Hemos hecho un esfuerzo muy importante para defender el tratado y consideramos que la defensa que hicimos del medioambiente tiene que ser un ejemplo no solamente de lo que le exigimos a Uruguay sino de lo que estamos dispuestos a hacer nosotros», remarcó, además de aclarar que actuaron sin esperar «ninguna denuncia de parte de Uruguay».

No se trata de la única embestida, ya que hoy la fundación de ambientalistas Iberá presentará en el juzgado de Mercedes un recurso de amparo contra la ley provincial que abre las puertas a la construcción de la represa.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores también reveló que envió ayer una carta al gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, para pedirle precisiones sobre el proyecto para «empezar a estudiar su impacto medioambiental». «Hasta el momento, y pese a los tres pedidos elevados por la Secretaría de Medio Ambiente (desde 2008), Corrientes no ha entregado material sobre el proyecto», denunció.

El Gobierno pretende que Colombi, a pocas semanas del comienzo de la obra, impida el avance de la construcción «e imponga un tiempo de espera» hasta tanto se analice si habrá un daño ambiental.

Pero en las últimas horas Colombi reiteró su apoyo al megaemprendimiento arrocero. «La provincia no puede ser el jamón del sándwich en peleas que no tienen que ver con lo netamente productivo», dijo.

En paralelo, la Cancillería informó a la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre las acciones que lleva adelante en relación con la polémica iniciativa.