Gobierno prepara nombramiento de más directores en empresas

Diego Bossio defendió ayer ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social la decisión de eliminar por DNU el tope para nombramiento de directores estatales en empresas donde la ANSES tiene acciones.

Diego Bossio le explicó ayer a senadores y diputados por qué el Gobierno decidió modificar mediante un DNU el tope máximo de directores que el Estado puede nombrar en las empresas donde la ANSES es tenedor de acciones. Fue minutos después de afirmar que el Gobierno estaba listo para poner a esos nuevos directores en sus cargos, lo que generó desde hace 24 horas una tormenta en las empresas.

Ayer, ante la Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, Bossio insistió: «La ANSES tenía participación accionaria en muchas empresas y no podía ejercer los derechos políticos, sólo los económicos. Creemos que se tienen que ejercer ambos derechos». Ése fue su argumento central.

También rechazó de plano que pudiera haber problemas con el desembarco de más directores en las empresas: «No hay conflicto de intereses, tenemos los mismos incentivos que las empresas, queremos que crezcan, que tengan mayores dividendos y les vaya bien».

Ayudado por un Powerpoint explicó la evolución del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES y la inversiones en sectores productivos. Así, en 2010 tuvo un incremento de $ 37.325 millones, dejando en la actualidad un saldo acumulado de $ 182 mil millones.

Resultó curioso ayer que Aníbal Fernández declarara para rechazar que el nombramiento de directores fuera una intervención estatal en las empresas que «devuelven el dinero e inmediatamente nos iremos porque no tendremos nada que hacer». Lo dijo sobre las colocaciones de acciones de las empresas que compró la ANSES y generar el derecho del Estado. Pero no se recuerda que el Gobierno haya manifestado alguna vez estar dispuesto a vender las acciones que la ANSES tiene como inversión.

De hecho ayer Bossio recordó que «una de las mejores decisiones administrativas fue no vender en un principio las acciones heredadas de las AFJP. Esas acciones valían $ 7 mil millones y ahora están en el orden de los $ 22 mil millones».

En el radicalismo la cuestión divide aguas. Este es, en realidad, uno de los principales problemas que tiene esa fuerza: está de acuerdo con el fondo de algunas medidas que tomó el Gobierno, pero rechaza de plano las formas. Le pasó a la UCR con la votación de la estatización de Aerolíneas Argentinas y también con la de las AFJP.

Ayer, Julio Cobos salió a cuestionar la eliminación del tope para nombrar directores de la ANSES en las empresas, pero el jujeño Gerardo Morales no opinó lo mismo.

Según Cobos «provoca cierta incertidumbre hacia el futuro. Para controlar a las empresas no hace falta estar en los directorios, hace falta que la AFIP actúe controlando la evasión o que lo hagan los organismos dedicados en ese sentido», dijo.

Morales después de la exposición de Bossio fue terminante: «En general, estaríamos de acuerdo y no creo que haya obstáculos en las Cámaras para debatir este tema», y agregó que «el Congreso debe definir las políticas públicas, incluso en materia de inversiones en empresas. La utilización de un DNU en lugar del debate democrático de la ley genera sospechas de intención de injerencia política». Así como sucedió con la votación de la estatización de las AFJP, parte del radicalismo estuvo en contra de la forma en que se tomó la decisión, pero no del fondo de la cuestión.