Gobierno presenta recurso de queja hoy ante la Corte

Julio Alak, Martín Sabbatella, Marcelo Fuentes

El Gobierno redactaba anoche el recurso extraordinario de queja que presentará hoy ante la Corte Suprema ante el fallo de Sala 1 de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial que prorrogó la medida cautelar que mantiene suspendido el artículo 161 de la ley de medios. Lo confirmó Julio Alak, ministro de Justicia, a última hora. Con esa presentación el Gobierno forzará a la Corte Suprema a definir si continuará con la doctrina clásica del cuerpo de no pronunciarse sobre medidas cautelares o quiebra esa costumbre legal. El debate, previo a la admisión o no del recurso por el tribunal. La intención oficial, de todas formas, es apurar la definición de la Corte sobre la cuestión de fondo.

Martín Sabbatella fue el encargado ayer de anunciar la apelación al fallo de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal que extendió la cautelar sobre el artículo 161 de la ley de medios. «Es una vergüenza, se pedirá la intervención de la Corte para que revea este acto que lesiona la democracia», dijo Sabbatella una hora después que se conociera públicamente la decisión de la Cámara.

El jefe del AFSCA aprovechó para extenderse sobre las recusaciones y acusaciones que presentaron hasta ahora contra miembros de ese tribunal: «Esto demuestra que teníamos razón cuando dijimos que los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico», dijo. «La Justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones».

Poco después se conoció una declaración oficial del directorio del AFSCA: «El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial constituye un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la Justicia», dice allí.

«Jueces que viajan con financiamiento de las corporaciones extienden una medida cautelar para incumplir con una ley sancionada con amplia mayoría por representantes del pueblo en el Congreso de la Nación»; sigue el texto: «Es esta una expresión más de una Justicia elitista, corporativa y, en esencia, prebendaria. Una Justicia que aún se resiste a producir los cambios profundos que se expresan en el seno de la sociedad y en gran parte de sus instituciones democráticas desde hace una década».

Finalmente, el AFSCA sentencia: «Extender la medida cautelar contradiciendo el espíritu y los plazos establecidos por la Corte es una maniobra dilatoria destinada a beneficiar a quienes se niegan a cumplir las leyes vigentes y constituye una afrenta a los intereses del país y del pueblo argentino».

La decisión oficial de apelar se tomó tras una reunión en el Ministerio de Justicia en consulta continua con Cristina de Kirchner. Cuando Alak tuvo la confirmación de la ampliación de la cautelar convocó a una reunión de urgencia donde se analizaron tres caminos alternativos como respuesta del Gobierno: elevar un recurso de queja a la Corte contra la decisión firmada por Francisco de las Carreras y Susana Najurieta alegando en la causa contra la extensión de la cautelar un supuesto prevaricato; apurar los tiempos para ir a la Corte Suprema en la decisión final vía «per saltum», para lo que ya hubo contactos con la Procuración General, organismo que debe presentar ese pedido o, finalmente, avanzar con acciones en el Consejo de la Magistratura en contra de los camaristas, acción que se puso en manos de Hernán Ordiales.

Algo de esto último había comenzado a analizar el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando adelantó que el oficialismo podría impulsar juicios políticos contra jueces que «quieran gobernar con sus sentencias».

«La Corte Suprema no legisla ni gobierna. Hay una división de poderes y gobierna quien fue electo por el mandato del pueblo», dijo Fuentes más temprano; pretender gobernar «a través de sentencias» se «llama conflicto de poderes».

La oposición, como reacción, confirmó el pedido de juicio político contra Alak. La UCR, el Frente Amplio Progresista, el PRO y la Coalición Cívica presentaron denuncias contra el ministro por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Mario Barletta anunció que junto a la presentación del pedido de juicio político contra Alak también «se agrega la denuncia penal al funcionario por haber incurrido en presiones sobre los jueces de la Cámara Civil, constituyendo algo más que una amenaza, llegando a convertirse en coacción prevista en el artículo 149 bis del Código Penal».

Y Elisa Carrió, a solas, presentó otro pedido similar y dijo que «Alak pone en riesgo la plena vigencia del sistema republicano y la independencia del Poder Judicial».