Gobierno presiona al Consejo para forzar vacante en la Cámara

Comisión de Disciplina dispuso batería de medidas en intento de duplicar causa por enriquecimiento ilícito. Gana tiempo y negocia noveno voto clave.

El Gobierno redobló su embestida contra el juez de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, a quien busca correr de la estratégica Sala I de ese tribunal. Ayer, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura -a instancias del diputado del PRO, Pablo Tonelli que llevó la propuesta- activó una batería de medidas con el objetivo de investigar al camarista por presunto enriquecimiento ilícito. En la Justicia federal ya existe un expediente idéntico que es atravesado por el debate acerca de si se puede o no considerar un caso cerrado con el sobreseimiento de Freiler. Cambiemos, apenas asumió, puso en la mira al camarista, uno de los cuales confirmó el procesamiento del actual presidente Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales. Por mayoría, el Consejo votó recolectar una serie de datos bancarios sobre el juez para intentar avanzar en un proceso de destitución. Las medidas demorarán algunos meses una definición, tiempo que el oficialismo aprovechará para negociar el imprescindible noveno voto que requiere un juicio político. La ofensiva se completará con un torniquete para intentar forzar su renuncia, algo que el PRO ya consiguió en el caso de Norberto Oyarbide.

La propuesta de Tonelli en la audiencia de ayer de la comisión encargada de las sanciones a los magistrados dio como resultado la apertura de una megainvestigación que abarca los últimos 15 años del juez, que antes se desempeño como fiscal. Movimientos de tarjetas de crédito (incluso de su exesposa, de la que se divorció hace años y que además es camarista), registro de propiedades y hasta entradas y salidas del país desde 2001 conforman las medidas de prueba que Tonelli consiguió con el aval de los jueces Luis María Cabral, Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato que apoyaron, pero sin el acompañamiento del denominado sector K que lo representaban el senador Ruperto Godoy y el académico Jorge Candis. En total son 28 medidas que incluyen un pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre las sociedades "Minning Pride S.A." y "Dienst Consulting SA", que fueron atribuidas al juez en trascendidos periodísticos. El inédito procedimiento -dado que el Consejo evalúa presunto mal desempeño, no eventual delito- ocurre una semana después de que los 20 cuerpos de la causa por enriquecimiento cerrada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi arribaran al Consejo. Allí ya se practicaron la mayoría de las medidas solicitadas por Tonelli. Por esto, la duplicación de la recolección de datos podrá funcionar como parte de la estrategia: en esos meses, desde el PRO apuntarán a conseguir de la camarista Gabriela Vázquez o de Candis el voto definitorio para completar la jugada.