Gobierno reflota (maquillado) el Código Penal de Zaffaroni

Con el impulso del Régimen Penal Juvenil, el Ejecutivo ampliará discusión basado en el anteproyecto diseñado en 2014. Dejará afuera temas polémicos y buscará eclipsar agenda del Frente Renovador.

Eugenio Rául Zafforini.

Pasó desapercibido en medio de la discusión por un nuevo Régimen Penal Juvenil, pero el Gobierno pretende enmarcar ese debate en un plan integral y más ambicioso: una reforma total del Código Penal Argentino, donde están tipificados todos los delitos y sus sanciones. Para ello reflotará el anteproyecto intentado en 2014 por el kirchnerismo, al que se arribó luego del trabajo de una comisión multipartidaria que tuvo como referente al jurista Eugenio Rául Zaffaroni, cuando todavía era miembro de la Corte Suprema. Esa iniciativa fue torpedeada por Sergio Massa que capitalizó políticamente su ataque a la idea bajo el mote de "garantista". Ahora el Ejecutivo se embarcará -en el marco del programa Justicia 2020- en hacer su propio intento (con agregados de otros proyectos vigentes) para que el Congreso lo apruebe, con miras a 2018.

El trabajo está casi completo, luego de que el anteproyecto diseñado por la comisión liderada por Zaffaroni e integrada por el exsecretario de Seguridad bonaerense León Arslanián; el legislador del PRO Federico Pinedo; el actual coordinador de Justicia 2020 y exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelata, del Frente Amplio Progresista (FAP), fuera pulido tras diversas audiencias académicas a lo largo de todo el país. En el Gobierno son conscientes que cuando Massa le apuntó sus cañones logró que la iniciativa quedase freezada, por lo que incluirán en su redacción parte de las propuestas del tigrense con el objetivo -también- de arrebatarle parte de su agenda de campaña. Saben que Massa ganó la discusión mediática, pero no la jurídica. Parten del diagnóstico que el actual sistema está desbalanceado en cuanto a la sanción que prevé para los delitos contra la propiedad, que superan en dureza a los cometidos contra las personas. En su historia el Código tiene más de 900 reformas "parche". El anteproyecto base en su versión original consta de 289 artículos divididos en 16 títulos.

Sin embargo, desde el oficialismo apuntan a descartar aspectos polémicos para evitar el desgaste: el concepto de reincidencia apunta a ser mantenido en lugar de quitado, lo mismo que la prisión "perpetua", más por la repercusión que podría generar en la opinión pública que por su efectiva aplicación práctica que es actualmente nula. Elevar el mínimo de la pena del anteproyecto (que era de seis meses) es una de las variables que pondrán sobre la mesa para lograr menos escalas entre piso y techo de la sanción. Cambios como la inclusión de genocidio, delitos contra el medio ambiente y tráfico de órganos aspiran a ser mantenidos. No está previsto que incluya la despenalización del aborto, algo que tampoco había sido previsto en el anteproyecto liderado por Zaffaroni.

Por otra parte, la premisa es agravar las penas por narcotráfico, endurecer las de comercialización de estupefacientes y está en duda (por posturas internas enfrentadas) la despenalización al consumo, pese al fallo de la Corte. La vedette del nuevo proyecto podría ser la inclusión de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, en sintonía con el reciente fallo de la Cámara Federal de la Plata para un caso particular, pero que podrían extender como doctrina. A la vez, se revisará el método de penas alternativas (aunque sin muchas variables). La palabra "equilibrio" liderará el espíritu con el que se enfocará la discusión, según destacan en la cartera de justicia que preside Germán Garavano.

Cuando el proyecto K naufragó, el macrismo disfrutó de la pelea aunque debió retirar del frente a Pinedo, quien había consensuado la reforma con sus pares de comisión, en cuanto a las modificaciones previstas. Ellas contemplaban la reducción de las penas de 116 delitos, pero tipificaba 85 nuevas figuras, a la vez que despenalizaba otras 17 conductas. En total, aumentaba las penas de 159 delitos. Sobre esta base el Gobierno pretende avanzar en la discusión con juristas, a quienes convocará desde diversos frentes, incluidos jueces, fiscales y defensores para que el resultado no pueda ser tachado de excesivamente académico. Uno de los nombres que se barajó para la coordinación de esta tarea de comisiones es el del camarista de Casación Mariano Borinsky, que comparte la venia tanto de la Casa Rosada (que lo ha defendido en la puja interna que mantuvo con sus pares del máximo tribunal penal) como de la Corte Suprema.