Gobierno sale a poner freno a reclamos de aumentos del 35%

Hugo Moyano, Hugo Yasky

Con mayor o menor diplomacia, el Gobierno intentará en los próximos días organizar, canalizar y limitar la reciente pelea pública abierta por aumentos que se determinarán en las paritarias de 2011. Para esto implementará una estrategia triple: la Presidente hablará personalmente con Hugo Moyano, se acelerarán y limitarán las negociaciones por los aumentos salariales para docentes y empleados públicos ofreciendo un ajuste de alrededor del 20% y directamente se ignorará y relacionará con cuestiones políticas los reclamos por incrementos de más del 35%.

El tema de los reclamos de las ahora cuatro centrales gremiales (dos oficialistas y dos opositoras) llegó ayer a manos de Cristina de Kirchner en Qatar. La jefa de Estado leyó el «informe de situación» habitual que llega a los presidentes cuando éstos viajan al exterior. Desde ese estado árabe habló luego a Buenos Aires, pidió más datos y dio instrucciones sobre cómo actuar en el corto plazo (hasta su regreso la próxima semana) y para cuando ya esté de vuelta en el país.

El primer paso que dará el Gobierno, será citar para fecha próxima al titular de la CGT, Hugo Moyano, a una reunión definitoria sobre las próximas negociaciones salariales. Si bien no es intención oficial que haya un acuerdo adelantado con el gremio de los camioneros que luego discipline al resto de los sectores (estrategia implementada hasta 2009), se quiere coordinar con Moyano un porcentaje que sirva de referencia para el resto de las discusiones salariales. El porcentaje no debería despegarse mucho más allá del 23% de promedio que se definió, según los cálculos del Gobierno para 2010 y, eventualmente, volver a negociar después de las elecciones de octubre, un plus de fin de año. Luego, para 2012, debería regir la ley de redistribución de las ganancias que impulsa el diputado nacional moyanista Héctor Recalde.

Controlado, todo lo que se pueda, el titular de la CGT, la intención oficial es avanzar rápidamente (en los primeros días de febrero) con las negociaciones con los docentes y los empleados de la administración pública nacional. En el primer caso, las discusiones se deben dar más en las provincias que en el ámbito de la Nación. Sin embargo, la mayoría de las gobernaciones dependerán de la ayuda de la Casa Rosada para poder cumplir con las pautas de aumento salarial. La intención oficial, es que el gremio de Hugo Yasky, cercano al kirchnerismo y titular de la CTA oficialista acepte un incremento de sueldos de no mucho más del 20%. Con esto, Yasky dejaría de lado su máxima del lunes pasado, de reclamar aumentos salariales del 25% de piso.

Extensión

Una vez cerrada la negociación con los docentes, el Gobierno intentará acordar el mismo porcentaje de incremento en las discusiones con los trabajadores de la administración pública nacional y los organismos autónomos. En este caso, la negociación aparece más difícil, ya que se trata de gremios vinculados, en su mayoría, a la CTA opositora de Pablo Micheli. El sindicalista de ATE ayer volvió a azuzar al Gobierno reclamando un piso de aumentos del 30 por ciento, sólo para «cubrir la inflación real».

En el cuarto caso, el reclamo de la CGT Celeste y Blanca de Luis Barrionuevo, que pidió alzas del 35%, la estrategia será diferente. Directamente se intentará dejar a este grupo gremial como un sector más político que sindical. El primer paso en este sentido lo dio ayer el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien aseguró que «decir que los aumentos deben ser de entre el 30% y el 35% es algo que no tiene sustento».