Gobierno tiene listo el proyecto para limitar poder a Gils Carbó

El proyecto de ley con el que el Gobierno se propone acotar las facultades de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, encendió las alarmas dentro el Poder Judicial y puso en alerta a sectores que, incluso, se enfrentaron a la funcionaria y apostaron por su salida del cargo. La iniciativa de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -que ocupa la centralidad del paquete de leyes de reforma para la Justicia inscriptas en el Programa Justicia 2020- prevé la designación de cuatro "super" subprocuradores que absorberán el mayor poder de decisión y organización de la estructura de las fiscalías, relegando al procurador general a ser una figura institucional. El borrador del proyecto que ingresará al Congreso también contempla que se limite la duración en el cargo a cuatro años, se modifique su régimen de remoción y que se cree un Consejo General que, en la práctica, co-gobernará el Ministerio Público. En los tribunales federales y los nacionales todavía no adoptaron una postura común, pero intentarán resistir su aprobación.

Sin dejar de lado el enfrentamiento que mantienen con Gils Carbó, un amplio sector de los operadores judiciales recibieron con recelo el proyecto gubernamental para cercenar su poder. Es que de acuerdo al borrador al que accedió Ámbito Financiero se crearán por ley una serie de mecanismos y cargos que amenazan la estructura y el organigrama que aglutina a los fiscales de todo el país. En lo esencial, se implementaría un sistema de Subprocuradores Generales, especializados en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado. Los dos primeros serán quienes aglutinen a su cargo las áreas más sensibles, lo que incluye a las Procuradurías especializadas, creadas por Gils Carbó. También se destaca la modificación de las atribuciones del Consejo General del Ministerio Público Fiscal que abandonará su carácter "consultivo" para interactuar directamente con los subprocuradores, lo que lo catapulta a un rol de co-gobierno, ya que tanto las decisiones de ellos como las del procurador, requerirán su aval.

Según el texto, al procurador sólo le quedaría la facultad de representar al Ministerio Público Fiscal, proponer al Consejo los reglamentos para el funcionamiento del organismo, firmar contratos de administración (si el Consejo los aprueba), tener funciones de "superintendencia" y sobre los recursos humanos (todo con supervisión anual del Consejo). No podrá disponer del presupuesto para el MPF sin la aprobación del cuerpo, pero podrá elevar propuestas legislativas y de reforma al Poder Ejecutivo, por medio de las sugerencias al Ministerio de Justicia. Representarlo ante otros poderes del Estado, además de generar "actividades y convenios" a nivel institucional. Desde la Procuración, insisten en que la funcionaria no renunciará ni se jubilará para evitar quedar "aislada arriba", aunque los nuevos cargos también cayeron mal entre quienes aspiran a sucederla porque encontraran limitaciones para poder ejercer sus funciones. Además quedarán (el más antiguo) en línea directa de sucesión como cabeza del MPF. La autoridad de los subprocuradores, "se extiende a todo el territorio nacional", y pueden designar de forma directa tanto a los titulares de las Procuradurías como a quienes serán "fiscales de distrito", siempre dentro de su especialidad.

"Los subprocuradores generales serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por mayoría simple de sus miembros presentes", sostiene el borrador que fija un mandato para todos de cuatro años. Ninguno de ellos podrá ser designado si no cuentan con una antigüedad en el cargo de, al menos, diez años, lo que elimina de la nómina a cualquiera que haya sido designado durante la gestión Gils Carbó. Lo mismo sucede con quienes integren el tanto el Consejo Evaluador (encargado de las cuestiones disciplinarias), como los jurados de concursos, que para lograr mayor transparencia serían orales y filmados, sin entrevistas personales.

El poderoso Consejo será integrado por el Procurador (que no vota salvo empate), los 4 subprocuradores y dos fiscales generales y dos fiscales con más de diez años en el cargo. Dictarán su propio reglamento y sus decisiones serán por mayoría simple y "vinculantes", además de poder designar a quienes serán "fiscales coordinadores de distrito". El mecanismo de remoción del procurador -algo que el Gobierno podría intentar aplicar a Gils Carbó- ya no sería el juicio político como en la actualidad, sino que por un decreto del Poder Ejecutivo o por mayoría simple de Diputados, luego se requerirían los dos tercios del Senado para que avance su destitución.