1 de octubre 2015 - 00:00

Griesa llamó a una nueva audiencia con bonistas

Thomas Griesa
Thomas Griesa
El juez Griesa fijó ayer una nueva audiencia para el próximo 1 de diciembre para determinar el número de tenedores originales que no ingresaron a los canjes 2005 y 2010, en el marco de una presentación realizada para incluirlos en una acción colectiva contra la Argentina, luego de que la Corte de Apelaciones le ordenara en agosto pasado al magistrado acotar un fallo anterior solamente a este tipo de bonistas. En una audiencia celebrada ayer en el piso 26 de la Corte de Nueva York, Griesa escuchó el planteo de un grupo de holdouts que iniciaron una acción colectiva ("class action") contra la Argentina en 2004 y los autorizó a emitir pedidos de información a entidades financieras con el objetivo de poder precisar el alcance y el volumen de los bonos en default del grupo en cuestión, a fin de estimar el daño y evaluar el monto del resarcimiento más el pago de intereses de la deuda. Estos bonistas buscan plegarse al resarcimiento previsto por el juez Griesa para los fondos buitre que ganaron con el fallo "pari passu". Queda al desnudo una contradicción de Griesa: por un lado, iguala los fondos buitre con cualquier bonista para el default pero por otro, a la hora de fijar resarcimientos, considera que eso debe ocurrir en función del tiempo que tuvo el papel en su poder. Un buitre, en este caso, no es lo mismo que un comprador del bono al momento del lanzamiento.

"La Corte de Apelaciones consideró que es mejor dar un paso atrás y asegurarse ciertas cuestiones básicas", dijo Griesa al comienzo del encuentro. Estas palabras iniciales dejaron claro a la audiencia que el magistrado estaba dispuesto a revisar su fallo anterior. La nueva audiencia quedó fijada para el martes 1 de diciembre a las 14.30 y se espera que los tenedores, representados en la Corte por el abogado Saúl Roffe, presenten evidencia concreta sobre el volumen de títulos similares que se encuentran en default. La estrategia esbozada ayer por los demandantes consistirá en remitir pedidos de información a entidades financieras para determinar "quién forma parte de la acción colectiva y si todavía pueden ser considerados tenedores", según expresó Roffe a Griesa. La medida del juez distrital obedece a un pedido de especificación que le realizó la Corte de Apelaciones, dado que las acciones colectivas son presentadas por una o varias personas en representación de todos los que se encuentran en la misma situación, sin poder establecer a priori cuál es el número exacto de demandantes. Tras la orden de ayer, los holdouts adelantaron que remitirán pedidos a entidades como la Caja de Valores, Euroclear, y a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y Deposit Trust Company de EE.UU., además de solicitar información a Japón y Hong Kong.

Al ser consultados por Griesa sobre el tiempo estimado que les llevará juntar esta información, Roffe respondió que "no menos de cuatro meses" y evaluó un plazo total de "entre 6 y 8 meses". Según explicó el abogado de los bonistas, podrán ser incluidos en la demanda quienes hayan sido "tenedores continuos" de los títulos desde el inicio de la acción, y que no se hayan desprendido de ellos en el mercado secundario. Roffe admitió ante Griesa que desconoce, con excepción de sus representados, quiénes son tenedores continuos, y por ese motivo consultará a las entidades financieras que mantienen registro de estas operaciones.

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