Guerra en la Auditoría por frenar el 82% a jubilados

Diego Bossio, Rubén Giustiniani

La Auditoría General no tiene descanso, a pesar del receso en el Congreso. Circula por los pasillos del organismo un informe, que el colegio de auditores deberá debatir el próximo 11 de agosto, donde se demuestra que si el Congreso avanza con la ley para pagar el 82% a jubilados, el déficit que se genera en la ANSES no podrá ser equilibrado en los próximos 50 años si no se modifica el esquema de financiamiento del sistema. Ese documento fue elaborado por la comisión de sustentabilidad de la AGN, que monitorea continuamente la evolución de la situación fiscal de la deuda y otras variables, Un informe sobre la situación previsional estuvo a punto de ser debatido en la última reunión de la Auditoría, pero se postergó por pedido de la oposición que, al mismo tiempo, intenta avanzar en el Congreso con el proyecto para establecer el 82% en las jubilaciones mínimas.

Ese informe que complica las intenciones de la oposición y habilita los argumentos del Gobierno ya desató una guerra interna en la AGN fue elaborado con muestras tomadas sobre los saldos de la ANSES en 2007 y completado con proyecciones actuariales sobre la situación fiscal del organismo en los próximos 50 años.

Escenarios

Entre otras variables, allí se diseñaron cuatro escenarios posibles (simulaciones) para testear la factibilidad de financiamiento del sistema previsional en el caso de avanzar: 

Mantener el financiamiento sólo con los aportes y contribuciones actuales, sin modificar la edad jubilatoria. En ese esquema el sistema es deficitario en 2010 en 107.000 millones con un crecimiento progresivo que lo triplica para 2020. 

Así se avanza en una segunda opción que consiste en sumar a los aportes el 15% de la precoparticipación que recibe la ANSES y que las provincias quieren recuperar y la recaudación impositiva que se deriva ese organismo. Sólo con esa incorporación el sistema comienza a ser superavitario y sustentable, pero si se elevan los haberes al 82% vuelve a aparecer un déficit de $ 26.388 millones para este año. Es decir, el dictamen es que el 15% no podría tocarse ni tampoco elevar las jubilaciones en la proporción que pide la oposición. 

Una tercera opción incorpora el pago de asignaciones como Fondo de Empleo y finalmente la tensión financiera que significó la creación de la Asignación Universal por Hijo.

Finalmente se concluye que para avanzar con la generalización a todos los jubilados de los regímenes especiales que pagan el 82% se deberían mantener todos los impuestos que cobra la ANSES, pero subiendo la edad jubilatoria y aumentando las cargas previsionales. O, en caso contrario, elevar la cantidad de trabajadores en blanco que aporten al sistema. En este punto, el informe contradice al Gobierno: se reconoce que los trabajadores informales que no aportan al sistema aún llegan al 49%, unos 15 puntos por encima de lo que sostiene el kirchnerismo.

Puertas cerradas

El debate sobre el informe será a puertas cerradas el próximo 11 de agosto, cuando la Auditoría volverá oficialmente a funcionar. Ese día, se tratará también otro dictamen sobre el sistema informático que utiliza el INDEC para procesar la información y elaborar índices. La AGN será lapidaria: el sistema, tanto el software como la maquinaria, es de una antigüedad que no garantiza seguridad en los procesos con terminales de 15 años en promedio, además de estar descentralizado. Es decir, que no existe un único sistema para manejar la información lo que alimenta las posibilidades de manejarla discrecionalmente, como sucedió durante toda la era de Guillermo Moreno.

En realidad, la alerta que los técnicos de la AGN emitieron sobre la situación financiera de la ANSES, en línea con el rechazo de Amado Boudou y Diego Bossio a la ley del 82%, no impacta igual sobre todos los proyectos que evalúa la oposición para avanzar en la suba. Mientras el informe de la AGN sostiene que es mucho más sustentable un modelo de ajustes periódicos, hay diferencias entre el proyecto de la Coalición Cívica, que avanza con una suba generalizada, del que sostienen el radicalismo y el socialista Rubén Giustiniani, que habla de aplicar el 82% sólo a las jubilaciones mínimas.