PODER EJECUTIVO DESISTE DE APELAR FALLO QUE LA RATIFICÓ EN LA CORTE - La Casa Rosada se sometió a la derrota pese a que pretendía liberar vacante en el máximo tribunal. Obstáculos para su lista de magistrados indeseables.
Elena Highton de Nolasco
La jueza Elena Highton de Nolasco ganó la pulseada por su permanencia en la Corte Suprema de Justicia apenas luego de recibir el primer guiño de la Justicia al amparo que inició contra el límite de 75 años en el cargo fijado por la Constitución. El Gobierno anunció ayer que desistiría de apelar el fallo que declaró nula la inclusión de ese tope en la reforma encarada en 1994. Con este renunciamiento a llevar el caso a segunda instancia (donde también tenía asegurada la derrota), quedará firme la sentencia que avaló a la magistrada, lo que trasforma la oposición inicial del Poder Ejecutivo en un traspié político. El pronunciamiento del juez Enrique Lavié Pico, por su contundencia, tendrá sus réplicas en otros casos de magistrados que han presentado amparos. Por lo pronto, beneficia la situación de la jueza nacional con competencia electoral, María Servini de Cubría, quien ya aseguró su victoria. El máximo Tribunal tiene bajo análisis otro caso clave: el del camarista de La Plata, Leopoldo Schiffrin, cuyo caso data de 2012 pendiente de resolución.
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Mañana, en las dos primeras horas hábiles de actividad judicial, vence el plazo para que el Ministerio de Justicia presente su apelación al fallo que el viernes último concedió el amparo a Highton basándose en la doctrina Fayt.
Hace apenas una semana, en la contestación al amparo, el Ministerio no solo había pedido que se rechace el amparo de Highton, sino que en caso de concederse, se habilitara la vía para recurrir hasta la propia Corte. El interrogante que ayer surcaba los tribunales era en cuánto ese fallo y el posterior volantazo oficial influiría en situaciones (y amparos) análogos, en los que magistrados de distintas instancias judicializaron su permanencia al frente de sus juzgados. También se especuló con si ese desistimiento tendría alguna relación con la posibilidad de acercar posiciones con Highton, con quien el oficialismo no logra feeling. En los despachos tomaron nota de que el Gobierno quedó expuesto a no poder desprenderse ni siquiera de los jueces que estaba previsto que se fueran.
Por eso, el paso atrás oficial fue leído con su réplica en la disputa que atraviesa al Consejo de la Magistratura, donde el Gobierno viene repasando la lista de jueces a quienes le declaró la guerra, sin lograr avances sustanciales. Allí, tampoco se asegura un camino despejado de obstáculos, más bien todo lo contrario. Precisa sumar un voto más al bloque que conforma la mayoría, pero para el caso de un jury deberá necesariamente no perder a dos de los jueces que suelen votar en sintonía. El Ejecutivo presiona sobre el camarista Eduardo Freiler y sobre el juez federal Daniel Rafecas. Por el primero inició una farragosa investigación que emula un expediente penal y que incluye levantamiento del secreto bancario con la venia del Banco Central. Ese peritaje tiene por objetivo ir en contra de un sobreseimiento firme con el que cuenta el integrante de la Sala I. La pesquisa del Consejo se extendió hasta su exmujer, también camarista, que presentó su descargo y denunció que la comisión se extralimitaba. Aún así, ante la batería de medidas pedidas, el caso no está cerca de ser resuelto y pocos confían en que un jury pueda definir su destitución. Lo mismo para Rafecas, a quien se le imputa mal desempeño. La exposición de ambos puede redundar en una divisoria de aguas con aristas más políticas que judiciales. Ambos tienen un hilo conductor: en algún momento de sus actuaciones declararon la causa Papel Prensa donde está involucrado el Grupo Clarín como un delito de lesa humanidad. Distinto es el caso de la camarista de Casación, Ana María Figueroa, a quien el Gobierno le apuntó pero que, paradójicamente, encuentra su blindaje en uno de sus principales enemigos en la Cámara: Juan Carlos Gemignani. El juez tiene un pedido de indagatoria por haber mandado a detener a una secretaria. Será el expediente que la oposición sacará a relucir cada vez que el oficialismo intente mover una pieza. En el otro extremo de la nómina aparece el juez del Tribunal Oral Federal N°5, Oscar Hergott. Fue denunciado por violencia de género y malos tratos por su colega de tribunal, Adriana Palliotti. Su posición es la más vulnerable, reconocen dentro del Consejo, pero no es atribuible a ningún vínculo con el kirchnerismo. Un avance en su contra podría tener una doble lectura: es uno de los jueces sorteados para llevar adelante el juicio oral en el caso de las escuchas ilegales, en las que fue procesado Mauricio Macri y por la que será enjuiciado parte de su entorno en el Gobierno porteño.
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