Impulsan ley para frenar a jueces

El macrismo avanzó esta semana, aún en soledad, con la firma de un despacho de comisión que busca poner freno a la cataratas de medidas cautelares que mortifican a Mauricio Macri. Además, de aprobarse la modificación a los procedimientos judiciales, el Gobierno de la Ciudad podría recusar a los jueces sin manifestar motivo alguno.

«Lo que pasa es que es un festival de cautelares», acusó el PRO ante diversas medidas que preventivamente determinan el «no innovar» y sucedió por ejemplo cuando Macri dispuso el cese de miles de contratados, la intervención de la obra social municipal y también en cuestiones referidas a obras públicas que se suspenden mientras los jueces resuelven.

No se trata de la modificación a la ley de amparo, sino al procedimiento, exclusivamente, en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, es decir en el cual el Gobierno de la Ciudad presenta sus demandas, o es demandado. Allí recala el juez más polémico de los tribunales locales, Roberto Gallardo, conocido por impulsar medidas como el embargo de los sueldos de los jefes de Gobierno.

De prosperar el proyecto, Gallardo podría ser recusado cada vez que tenga una causa, y de ese modo, creen quienes se oponen a la ley, el juez no tendría trabajo.

Con respecto a las cautelares, lo que se propone es lo que se denomina una «contracautela». Eso significa que quien haga una denuncia contra el Gobierno y pida una medida de «no innovar», deberá dejar dinero o bienes como garantía, en caso de que su demanda no prospere y causare un perjuicio al estado porteño. También corre para Estado en caso de sus demandas.

Además, se busca establecer un plazo de cinco días para que, antes de decidir la medida cautelar, el juez le envíe la causa a la Procuración, es decir a los abogados de la Ciudad para que tomen conocimiento.

Recusaciones

Con respecto a las recusaciones, Martín Borrelli, titular de la Comisión de Justicia explicó que «el litigante puede solicitar y obtener el apartamiento de un juez sin indicar las razones que lo motivan, pero debe plantearlo en la primera aparición en la causa que tengan las partes y sólo puede ejercerse una vez e implica un nuevo sorteo».

El despacho de mayoría fue aprobado solamente por el macrismo y por el diputado Guillermo Smith de la Coalición Cívica, pero en disidencia. El resto de los bloques por ahora no piensa firmar la medida, aunque con pocos aliados, PRO podría sancionarla en el recinto. «No estamos inventando nada», dijo Borrelli acerca de las modificaciones, que ya están en Códigos Procesales, de algunos distritos.

El proyecto modifica la ley 189, que en su artículo 11 y 12 impone la opción de recusación, pero con causa y enumera al menos nueve casos diferentes. Las medidas cautelares están descriptas en el artículo 177 de la norma vigente, que las define como «todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado». Se refiere así a la imposición de embargos preventivos, no innovaciones o inhibición de bienes, que podrían solicitarse contra el Gobierno o la administración contra empresas o particulares, de acuerdo al caso. La modificación que se impulsa, en tanto consiente la posibilidad de no dar una contracautela cuando se obtiene el beneficio de litigar sin gastos, pero no si el que solicita la medida es el Estado.