Indagan a Jaime y seguirá preso por “peligro de fuga”

Ricardo Jaime , exsecretario de Transporte, llega esposado escoltado por dos gendarmes el sábado a la noche al Edificio Centinela, donde fue alojado en una celda. Hoy declara ante el juez.

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime será trasladado hoy a los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagado por la compra irregular de material rodante en 2005, luego de haber sido detenido el sábado a pedido del juez Julián Ercolini. El magistrado podría dictar su prisión preventiva, luego de tomarle declaración indagatoria por sobreprecios en la adquisición de trenes a España y Portugal, apoyado en el peligro de fuga y en las tres condenas previas en su contra, una de ellas por la tragedia de Once. Alojado en el Edificio Centinela -que depende de Gendarmería Nacional, en el barrio de Retiro-, el exfuncionario fue trasladado por tierra desde Córdoba, tras entregarse en una comisaría apenas trascendió el pedido de captura ordenado por el juez a última hora del viernes. Permanecerá incomunicado, al menos hasta hoy. La misma situación corre para su exasesor y presunto testaferro, Manuel Vázquez, quien también fue detenido el mismo día. El Gobierno quiere enviarlo al penal de Ezeiza, a un pabellón común.

Ercolini, junto al fiscal Federico Delgado, asistirán a la audiencia en la que apuntarán contra Jaime por el supuesto delito de "malversación de caudales públicos", cuya pena, estipulada en el artículo 261 del Código Penal, va de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública. Jaime tiene tres condenas en su haber. La primera por haber intentado robar evidencia en un allanamiento en Códoba; la segunda por haber aceptado dádivas de empresarios del transporte a quienes debía controlar como funcionario (él mismo admitió el delito para pactar una pena reducida); y el tercero como responsable de formar parte de un sistema de administración fraudulenta que generó las condiciones para que sucediese un choque de trenes como el ocurrido en la estación Once. Jaime ya no era entonces funcionario cuando tuvo lugar el choque. Esa pena se encuentra apelada ante la Cámara de Casación Penal, y hace pocos días se conocieron los fundamentos del tribunal para condenarlo a 6 años de prisión efectiva. Su primera condena (6 meses) fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Córdoba y luego el propio Ercolini, en un juicio abreviado, le impuso una pena de un año y medio de prisión.

En este caso, la causa que instruye ahora Ercolini es a raíz de irregularidades detectadas en 2012 por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la compra de vagones en 2005. Se identificaron posibles sobreprecios en la compra de material rodante inadecuado y que existieron sobornos. El monto total que las pericias señalaron como irregular asciende a los 200 millones de euros. Además, se cree que se pagaron coimas por un equivalente a dos millones de euros que fueron desviados mediante facturas a la consultora de Vázquez, quien era asesor y, se sospecha, su testaferro. Vázquez fue también detenido el sábado por orden de Ercolini en la localidad de San Isidro, cuando los agentes lo encontraron escondido dentro de un vestidor. Quedó arrestado en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, en Puerto Madero.

En el caso de Jaime, la pena que podría recibir y que sus imputaciones rodean hechos de corrupción -incluida una causa en curso por enriquecimiento ilícito- le permitirían obtener los medios para profugarse, lo que resultó un agravante para que el juez dictara su captura y será lo que promueva su prisión preventiva. Jaime ya había tenido un pedido de captura por parte del juez Claudio Bonadio, cuando se lo investigaba por el hurto de unas tarjetas personales que lo podrían comprometer, durante un allanamiento en su domicilio. En ese momento, eludió presentarse ante la Justicia hasta que obtuvo una eximición de prisión, en ese momento convalidada por la Cámara Federal. El sábado, Jaime arribó en taxi a la Delegación Córdoba de la Policía Federal, en la calle Hipólito Yrigoyen y Derqui de esa ciudad. Ingresó por una puerta lateral y quedó inmediatamente detenido. Salió esposado y con un chaleco antibala con destino a Capital Federal.

La resolución de Ercolini también impactó en otros exfuncionarios kirchneristas porque el juez citó a indagatoria al sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, Juan Pablo Schiavi, eyectado del cargo luego de la tragedia de Once. El magistrado le impidió la salida del país. Las indagatorias se completan con Ignacio Julián Soba Rojo, a quien se señala como otro posible testaferro de Jaime, ya que el octogenario figuraba como presidente de la consultora Controles y Auditorías Especiales SA (CAESA). Deberá declarar el 7 de abril, ya que aparece su firma en las contrataciones con las empresas españolas y en las que CAESA figura como intermediaria. Al día siguiente deberá presentarse Schiavi, ya que las compras se extendieron durante su gestión al frente de Transporte. Y Ricardo Domingo Testuri deberá comparecer ante el juez el 11, dado que su rol era controlar el material adquirido -para lo cual viajó a Madrid-, pero no lo hizo.

Según el informe de la AGN, el 44% del total del material rodante adquirido a Portugal no servía, mientras que en el caso de España ese porcentaje se incrementaba hasta alcanzar el 58%.

La decisión de Ercolini es avanzar en un nuevo procesamiento contra Jaime y Vázquez, para lo que tendrá un plazo de diez días hábiles a partir de las indagatorias. Mientras tanto, mantendrá la prisión preventiva, y salvo que dicte condiciones especiales de alojamiento, el destino del exfuncionario podría ser el pabellón de la cárcel de Ezeiza. El fiscal Guillermo Marijuan -uno de los que impulsaron investigaciones en su contra- consideró que su situación es "complicada" y subrayó el "riesgo de fuga" como un dato que complica su panorama judicial.

Desde el kirchnerismo, tanto el excandidato presidencial Daniel Scioli como el titular de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, salieron a despegarse del exfuncionario y avalaron su detención en virtud de que haya cometido algún delito. "Aquel que metió la mano en la lata, tiene que ir en cana, sobre todo si fue funcionario", señaló Recalde, tomando distancia de Jaime, al ser consultado sobre su detención. "Es consecuencia de una Justicia que está actuando", apuntó Scioli, quien agregó que Ercolini "debe tener los elementos para detener a una persona".

Su detención llega luego de declaraciones públicas del presidente Mauricio Macri referidas a corrupción, y como parte de una intención de los jueces federales de Comodoro Py de reposicionarse en el centro de la escena en el mismo mes en el que varios exfuncionarios del Gobierno anterior están citados a declarar en diversas causas.

De siete causas que involucran a Jaime, recibió condena por tres. Pero aguarda un juicio oral y público por una defraudación cometida en el Belgrano Cargas, y el fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio del expediente por enriquecimiento ilícito, donde fue procesado por el juez Sebastián Casanello. En tanto, también deberá declarar ante el juez Sebastián Ramos, que lo investiga por desvío de subsidios, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario. Por último, se lo imputó por utilizar autos oficiales con fines personales.