Indagan a un funcionario por compras

El embajador Hernán Darío Orduna, secretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería, será indagado en una causa judicial por su presunta responsabilidad en la contratación del servicio de tecnología para la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, en diciembre pasado. El diplomático deberá presentarse ante el juez federal Ariel Lijo el 7 de septiembre. El magistrado ya había indagado el mes pasado a seis funcionarios de la cartera y a cuatro empresarios por el mismo expediente.

La citación a Orduna fue librada el miércoles pasado, y la indagatoria se concretará a las 10 en el tercer piso de los tribunales federales. El funcionario es el representante argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, la entidad encargada de llevar adelante las negociaciones con Uruguay por la pastera ex Botnia, y fue vicegobernador de Entre Ríos entre 1991 y 1995.

El expediente está centrado en la investigación por la licitación de un servicio integral de tecnología para la cumbre marplatense, que se desarrolló entre el 1 y el 4 de diciembre de 2010. El magistrado sostiene que la contratación estaba prevista con un monto máximo de 5 millones de pesos, aunque la licitación a favor de la empresa adjudicataria, Punto Baires, terminó por concertarse en $ 6.045.766.

Lijo destaca presuntas irregularidades detectadas «en el proceso de selección de oferentes» bajo tres modalidades: «tratamiento dispar» de la Cancillería a los oferentes, «favoreciendo los intereses de la firma adjudicataria»; «vinculación de oferentes en la tramitación de la licitación y obtención de beneficios» para Punto Baires; y «excesivo valor monetario por el cual se efectuó la adjudicación con el monto base estimado» en los pliegos. Además de Punto Baires habían pujado en el proceso otras tres empresas: Compañía Audiovisual, AVR SRL y 2mgnet SA.

Según el magistrado, en la causa incorporó «elementos que darían cuenta de la estrecha vinculación de las tres primeras firmas de manera tal que las dos últimas (Compañía Audiovisual y AVR) habrían sido desechadas del proceso de licitación bajo la apariencia de que no cumplían con los requisitos exigidos en el pliego, cuando en realidad habría habido un acuerdo entre todas ellas para que la adjudicataria, finalmente, sea Punto Baires».