INDEC: exige el juez a medios entregar datos de periodistas

Copia del oficio recibido por Ámbito Financiero, similar al enviado a otros medios de la Capital Federal, donde la Justicia pide identificar a los periodistas que escriben notas sobre índices de inflación desde 2006.

Distintos medios del país, en especial de la Capital Federal, recibieron ayer una notificación al menos extravagante. El juez Alejandro Catania, que entiende en la causa que inició Guillermo Moreno contra M&S Consultores por supuestamente manipular un índice privado de inflación, solicitó a los «gerentes de asuntos legales» de cada medio que informen los nombres, la dirección y teléfonos de todos los periodistas (también editores y redactores) «que hayan publicado» noticias vinculadas a índices inflacionarios de la República Argentina desde el año 2006 hasta la fecha.

Se presume que la intención de la fiscalía es enterarse, según la propia versión judicial, de cómo circula información en los medios que generan las consultoras cuestionadas en la causa.

Revuelo

Pero lo cierto es que sea cual sea la motivación, el revuelo que provocó especialmente en los diarios, ante el pedido de revelar datos sensibles de sus periodistas, tardará tiempo en calmarse.

Los problemas que conlleva el pedido son múltiples. En primer lugar, si los diarios responden el pedido del juez Catania tal como fue hecho, deberían enviar los nombres de todos sus periodistas, incluidos los humoristas. Nadie que haya trabajado en medios desde 2006 dejó de mencionar en alguna nota el conflicto por los índices de inflación que maneja el INDEC.

Catania (conocido por ser el juez que investiga la causa del narcoavión) también precipita un conflicto con la identificación de los periodistas. Es el caso de las notas sin firmar: con el pedido obligaría a los medios a quebrar la confidencialidad de las redacciones en los casos en que la responsabilidad editorial es asumida únicamente por el director responsable.

Para las empresas la incomodidad no termina allí. También podrían verse sometidas al juicio de sus propios periodistas al revelar datos sensibles.

En la Justicia se reconoce que tras el revuelo que provocó el pedido y la acusación de violación a la libertad de prensa e intimidación a periodistas, apareció la intención de moderar el escándalo. Al Gobierno tampoco -se supone-le interesa alimentarlo.

De hecho el pedido, al contrario de acelerar esa investigación lanzada por Moreno, podría congelarla por años mientras se intenta identificar a todos los periodistas de cada diario y se resuelven los seguros recursos que cada medio presentará a la Justicia.

La oposición fue la primera en reaccionar ante el oficio enviado por el juez Catania a los medios por los periodistas que escribieron notas sobre el índice de precios que difunde el Congreso (sobre los datos que proveen las consultoras a la Comisión de Libertad de Expresión) y calificaron a la medida como una «persecución». Pero no fue el único oficio: esa comisión también recibió uno similar exigiéndole a los diputados que le revelen la información que les envían las consultoras y que luego utilizan para emitir el índice de inflación paralelo.

Tras una conferencia de prensa del Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el radicalismo y el GEN, Ricardo Gil Lavedra explicó: «Esto no tiene ningún sostén jurídico, es una cuestión patética en la mente calenturienta de este sujeto», en obvia alusión al secretario de Comercio Interior.