10 de diciembre 2012 - 00:00

Inédito: copan empresa; ya votaron expropiación

Grupos de ultraizquierda tomaron la planta bonaerense hace un año y lograron que el Congreso provincial aprobara la expropiación.
Grupos de ultraizquierda tomaron la planta bonaerense hace un año y lograron que el Congreso provincial aprobara la expropiación.
Buenos Aires - Empresarios bonaerenses solicitarán hoy al Gobierno de Daniel Scioli que vete una polémica ley que fue sancionada el 30 de noviembre y que autoriza la expropiación de la planta industrial de la localidad de San Martín que fue tomada hace un año por grupos de ultraizquierda. El pedido será presentado en una audiencia con el ministro de Producción, Cristian Breitenstein.

«No estamos quebrados, queremos seguir produciendo», señaló a este diario Pablo Rojo, director y accionista de la fábrica Río Bravo Industrial (RBI), que funciona en las instalaciones de la ex Bosch, que son las que hoy están afectadas por el aval para la expropiación del Parlamento local.

«Una vez que logramos que la Justicia civil nos autorice para llevar adelante el desalojo de la planta, que está tomada desde hace un año, la Legislatura de la provincia aprueba la expropiación. Y nunca fuimos citados, ni notificados, por eso vamos a pedirle al gobernador que vete la ley», explicó el empresario, que fue presidente del Banco Hipotecario durante la presidencia de Carlos Menem y se incorporó a mediados de este año al PRO para trabajar en el proyecto presidencial de Mauricio Macri.

La planta está ubicada en la calle 34 número 4358 de la localidad de San Martín, fabricaba piezas mecanizadas de aluminio para el sector automotor, y esencialmente destinaba su producción a la exportación. Sus ventas el año pasado eran del orden de los 2 millones de pesos por mes.

«Es la típica pyme industrial del Gran Buenos Aires, con accionistas argentinos, 80 empleados, que por la usurpación han perdido su fuente laboral, y unos 30 centros de mecanizado», completó Rojo, quien indicó además que se han efectuado varias denuncias penales por la usurpación y el robo de materiales. «En diciembre del año pasado, tras una caída fuerte de la demanda en Brasil que repercutió directamente en el negocio, un grupo reducido de trabajadores pertenecientes al Partido Comunista Revolucionario y a la Corriente Clasista, sin el apoyo de la UOM ni mucho menos del personal, ocupó la planta industrial e impidió el ingreso de los trabajadores», relató Rojo.

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