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Inédito quiebre entre lulismo y activistas del movimiento “sin tierra”
Luiz Inácio Lula da Silva
Los activistas, cuya reivindicación de una amplia reforma agraria toma habitualmente la forma de ocupaciones de haciendas y empresas, destruyeron los plantíos de la multinacional brasileña Cutrale. Su accionar se tradujo en fuertes críticas de todos los sectores políticos.
La retirada de las alrededor de 250 familias de militantes del MST fue vigilada por un centenar de agentes de Policía y dio cumplimiento a una orden judicial que, hasta el momento, los campesinos se habían negado a acatar.
Durante los tres días que estuvieron en el lugar, los activistas destruyeron unos 7.000 naranjos plantados en esa hacienda del estado de San Pablo por la empresa Cutrale, la mayor exportadora de jugo de naranja del mundo.
El MST intentó justificar su acción en la supuesta ilegalidad de los títulos de propiedad que posee Cutrale sobre esas tierras, que la Justicia analiza desde 2006 si son realmente privadas o públicas, como sostiene el movimiento campesino.
No obstante, la ocupación fue condenada por todos los sectores de la sociedad, incluidos varios portavoces del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mantiene con el MST una relación de cierta afinidad ideológica.
Uno de los primeros en condenar la ocupación fue el titular del estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCRA), Rolf Hackbart, quien afirmó que «ese tipo de acciones no contribuyen a una solución de los conflictos de tierras ni al avance de la reforma agraria» en el país.
Según Hackbart, «esta ocupación ha lanzado a todas las fuerzas de la sociedad en contra de la reforma agraria y del MST», al que dijo que «le faltó sentido común», pues «en Brasil hay leyes, reglas e instituciones que funcionan» y decidirán sobre la titularidad de las tierras invadidas.
El ministro de Agricultura, Reinhold Strephanes, también condenó la ocupación, la consideró como «un caso de Policía intolerable» y aseguró que «el Gobierno tomará las medidas necesarias» para impedir nuevas acciones de «los violentos».
La ocupación fue criticada hasta por parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula y es uno de los más firmes apoyos políticos del MST desde que nació el movimiento, que acaba de cumplir 25 años.
«Así como no apoyo las acciones violentas contra los activistas del MST, tampoco respaldo la violencia de los campesinos contra las personas, plantaciones o empresas», dijo el senador Eduardo Suplicy, un influyente parlamentario del PT.
En la oposición, la ocupación de la hacienda reanimó la intención de formar una comisión parlamentaria que investigue las actividades y la financiación que recibe el MST, incluso por parte del Gobierno.
Agencias EFE y AFP
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