28 de abril 2015 - 00:00

Inesperada crisis: Tabaré no sabe qué hacer con los refugiados de Guantánamo

Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy, Alí Shabaan y Abd al Hadi Faraj rezan frente a la Embajada de EE.UU. en Montevideo mientras crece la polémica con el Gobierno uruguayo por las condiciones de su refugio en el país.
Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy, Alí Shabaan y Abd al Hadi Faraj rezan frente a la Embajada de EE.UU. en Montevideo mientras crece la polémica con el Gobierno uruguayo por las condiciones de su refugio en el país.
Montevideo - El Gobierno de Tabaré Vázquez instó ayer a los seis exreos de Guantánamo refugiados en Uruguay a que firmen un convenio que regula las condiciones de su estadía y del cual depende su proceso de inserción en el país, en medio de las críticas de algunos de los exreclusos y de la oposición.

Mientras cuatro de los seis exdetenidos en la prisión de Estados Unidos en territorio cubano seguían con su campamento frente a la embajada estadounidense en Montevideo en reclamo de que Washington se encargue de su asistencia económica, el canciller Rodolfo Nin Novoa informó que el Gobierno le pidió que firmen un acuerdo con el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU) -una ONG que representa al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- para recibir apoyo financiero y continuar con la regularización de su situación como refugiados.

"Si los expresos de Guantánamo no están recibiendo las ayudas económicas, es meramente por el hecho de que todavía no firmaron el convenio. El convenio dura un año y ellos lo saben, porque yo se los mostré en una reunión que tuve personalmente con ellos", declaró Nin Novoa en una conferencia de prensa.

Sin embargo, el sirio Alí Shabaan negó que les hubiesen ofrecido otro convenio distinto del que firmaron antes de su liberación de Guantánamo en 2014, la cual fue acordada por el entonces presidente José Mujica directamente con su par estadounidense, Barack Obama, pese a las reservas que del caso tenía Vázquez, en ese momento candidato presidencial, y el sector que él dirige dentro del oficialista Frente Amplio (FA) y que ahora se materializan con el conflicto acerca de la responsabilidad que tiene el Gobierno uruguayo frente a los exreos.

"Nos negamos a firmar por estar en desacuerdo con las condiciones y porque ni siquiera nos permitieron una copia del documento en español para poder tener asesoría legal. No queremos firmar de esa manera; además, no fueron las condiciones planteadas al momento de nuestra llegada", insistió Shabaan.

De acuerdo con Nin Novoa, los exreclusos no firmaron el convenio porque tenían en mente que duraría tres años. "Ese convenio es por un año, hasta febrero de 2016, en el cual ellos se comprometen a estudiar español y a cuidar su salud y hacerse los controles sanitarios correspondientes, reciben una determinada cantidad de dinero, y ahí la responsabilidad formal de Uruguay se termina", explicó.

Los cuatro exdetenidos que protestan, los sirios Shabaan, Abd al Hadi Faraj y Ahmed Adnan Ahjam, y el tunecino Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy, llegaron a Uruguay en diciembre pasado junto con el sirio Jihad Diyab y el palestino Mohamed Tahamatan, tras pasar 13 años encarcelados en Guantánamo. Mujica los recibió alegando razones humanitarias, aunque nunca se clarificó el marco legal y formal del refugio. Cuando Vázquez asumió la presidencia en marzo pasado, anunció que el país no recibirá más detenidos, en una decisión de Gobierno que evidenció su rechazo a la medida adoptada por su antecesor.

Al igual que el actual presidente, la oposición había cuestionado el arribo de los seis exreos y ayer, en medio de la polémica por su situación, recordaron que habían pedido a Mujica "no hacer favores a Estados Unidos". "Cuando las cosas se hacen mal, terminan mal. El Gobierno que pasó nos deja otro problema sin resolver", escribió en Twitter la senadora del opositor Partido Nacional (PN) Verónica Alonso. Por su parte, la diputada del PN Graciela Bianchi propuso como solución que "Mujica les dé una de sus chacras, porque ya sabemos el aumento de su patrimonio".

Indagado sobre qué hará el Gobierno en el caso de que los refugiados sigan rechazando el acuerdo, Nin Novoa dijo que la alternativa es la "persuasión" para que acepten las condiciones, entre ellas, asesorarlos en sus reclamos ante Estados Unidos. Al respecto, dijo haber "dado instrucciones para que a través de SEDHU se escriba una carta en nombre de los exprisioneros que sea entregada en la Embajada de Estados Unidos para que sepan los reclamos que quieren hacer".

Por su parte, Fernando Gambera, de la central sindical PIT-CNT, que prestó asistencia a los exprisioneros desde su llegada al país a fines de 2014, dijo que los hombres no firmaron el acuerdo porque "tienen escepticismo en que el dinero que les darán (unos 15.000 pesos, 580 dólares) de ayuda humanitaria les alcance para su vida acá.

Agencias AFP y EFE,

y Ámbito Financiero

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