Inician juicio a huelguistas del subte de Madrid

Madrid - Mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presionaba para poner fin a la histórica huelga de los trabajadores de subte de Madrid, que entró en una impasse que incluirá el fin de semana, el Gobierno regional inició ayer acciones legales contra más de 400 sindicalistas.

Este paro cuesta 3,2 millones de euros diarios, según las cifras ofrecidas ayer por el consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno regional, José Ignacio Echeverría, amén de un caos absoluto en la capital española. «Un dinero de todos los madrileños, no de la comunidad o de un político, sino de nuestros impuestos», dijo Echeverría.

La empresa de subterráneos, la estatal Metro de Madrid, denunció ante la Fiscalía General del Estado el comportamiento de algunos sindicalistas. El consejero aseguró que las autoridades no están dispuestas a tolerar una situación de «chantaje», y que los más de 400 expedientes informativos abiertos a los trabajadores del subte pueden terminar en despido, que es «lo peor que le puede pasar a un trabajador», aseveró.

La compañía también solicitó a la Consejería de Sanidad que investigue las 490 bajas por incapacidad temporal registradas el martes, 140 más de lo habitual.

Los trabajadores decidieron ayer en asamblea continuar con la huelga, si bien hoy y mañana cumplirán con los servicios y darán una tregua el sábado y el domingo. El lunes volverán a reunirse para decidir cómo continuarán con su protesta contra los recortes salariales del 2,15% anunciados por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, del conservador Partido Popular (PP). «Podemos volver a hacer un paro total, que aprendan que con los trabajadores no se juega», amenazaron desde el sindicato.

«Quien tiene que buscar una solución y quien tiene la responsabilidad es el Gobierno de la Comunidad de Madrid», manifestó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Madrid volvió a sufrir ayer una jornada de caos, en el tercer día de huelga de los trabajadores del metro y el segundo en el que no se cumplieron los servicios mínimos. Las largas filas en las paradas de los colectivos, los atascos en las calles y los retrasos de los trabajadores volvieron a ser la postal del día, en una ciudad en la que 2,2 millones de personas utilizan el subte periódicamente.

Los piquetes volvieron a situarse en las cabeceras de las líneas para impedir la salida de las formaciones.

Cuatro empleados fueron agredidos por un grupo de manifestantes cuando intentaban incorporarse a sus puestos de trabajo y tuvieron que ser atendidos por contusiones y traumatismos.

Agencias DPA y EFE