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Inminente fallo de Corte define polémica elección
Juan Manzur
Todo parecía indicar anoche que el fallo terminará avalando la elección, lo que habilitaría la proclamación como mandatario de Manzur, quien debería asumir el 29 de octubre como sucesor de José Alperovich.
La Corte local quedó conformada por los vocales naturales René Goane y Daniel Posse, y los camaristas civiles Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Bejas, quienes ratificarán o anularán el riesgoso fallo -contra la voluntad popular que votó en agosto- dictaminado en el foro Contencioso Administrativo por los jueces Salvador Ruiz -ya había prohibido a la Junta Electoral Provincial (JEP) proclamar al ganador- y Ebe López Piossek.
Al igual que la actividad judicial, la política tampoco tuvo freno: los dirigentes alperovichistas Javier Noguera y Darío Monteros denunciaron penalmente a Ruiz y López Piossek (por prevaricato) y a Cano y su compañero de fórmula, el intendente capitalino Domingo Amaya, por los delitos de sedición.
Noguera y Monteros fundamentaron en su presentación que los denunciados incurrieron "en un acto usurpador que no sólo afecta a la autoridad constitucionalmente facultada para llevar adelante el escrutinio definitivo (con referencia a la JEP), sino que lesiona, de modo irremediable, el derecho de los electores y de los elegidos, quienes fuimos candidatos propuestos por la fuerza que obtuvo más de 110.000 votos de diferencia por sobre el contendor más cercano".
La oposición, en tanto, activó dos vías. Por un lado, la senadora nacional del radicalismo Silvia Elías de Pérez, interpuso un hábeas corpus colectivo y preventivo a favor de Cano, Ruiz y López Piossek, y de "toda persona que se haya expresado contra el fraude" en los comicios de agosto.
Además, los legisladores Federico Romano Norri, Fernando Valdez y Ariel García (UCR), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Alberto Colombres Garmendia (PRO) afinan la letra de un proyecto para prorrogar, de manera temporal, los mandatos de las actuales autoridades, para llenar el hueco que dejó, tras la última reforma constitucional, la no sanción de una nueva ley de acefalía.
Si la Corte local le da la razón al FpV, la JEP estará en condiciones de proclamar a Manzur, aunque el camino judicial no terminaría allí. La oposición recurriría a la Corte Suprema nacional y un "efecto suspensivo" de todo lo ocurrido hasta ahora desactivaría la asunción de Manzur. Así, el único sendero posible es el de la intervención.
Por todo esto es que la oposición, antes de aceptar la asunción de Manzur (la Corte nacional no fallaría tan rápido como la local, y después el tema quedaría abstracto), prefiere la extensión de los actuales mandatos y que siga vigente el llamado a nuevas elecciones que impusieron Ruiz y López Piossek con su polémico fallo.


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