Insólito paro moyanista contra la Justicia suiza

Hugo Moyano

El jefe de la CGT y del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, convocó para el próximo lunes a una huelga nacional del gremio que encabeza en repudio de un pedido de la Justicia suiza para obtener información acerca de las causas en contra del líder gremial, o de su familia y entorno, como parte de una investigación en ese país por presunto lavado de dinero. Al llamar al paro, que comenzará a las 6 e incluirá una movilización a las 10 a la Plaza de Mayo, la dirigencia del sector incluyó el exhorto suizo en una supuesta escalada de ataques en contra de Moyano y la atribuyeron al crecimiento político de su referente, así como a las reivindicaciones salariales y laborales que impulsa.

De concretarse, la huelga afectará desde la recolección de residuos hasta el transporte de combustibles, el clearing bancario y la circulación en los pasos fronterizos, adonde prevén instalarse camiones de larga distancia. Y la medida puede agravarse en caso de sumarse los otros gremios del transporte, que hoy tendrán una reunión. También hoy habrá un encuentro del Consejo Directivo de la CGT, el máximo órgano ejecutivo de la central obrera, para debatir los alcances de lo que los sindicalistas interpretan como una avanzada judicial en su contra.

Exhorto

La reacción sindical estuvo relacionada con un exhorto que envió el Ministerio Público Fiscal de Suiza a la Justicia argentina «para que se detallen las actuaciones y pruebas que se vinculan con el líder de la CGT, su hijo Pablo y su entorno familiar». La causa radicada en Suiza, según reprodujo el Centro de Información Judicial (CIJ) -el sitio web que depende de la Corte Suprema-, tiene que ver con «operaciones sospechosas de lavado de activos y en cuya investigación habrían surgido vinculaciones con una empresa supuestamente relacionada con Hugo Moyano».

La empresa mencionada es Covelia, dedicada a la recolección de residuos en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y desde hace años sindicada como vinculada a los Moyano, aunque sin relación accionaria del gremialista o sus familiares.

Los fiscales suizos pidieron informes luego de trabar una operación bancaria del propietario de Covelia: interdictaron una transferencia o depósito en un banco de ese país por 1.870.000 dólares que habían realizado el presidente de la firma, Ricardo Rubén Depresbíteris, y su mujer, Elvira Marcela Mete, que figura como directora suplente de acuerdo a los registros comerciales.

A partir de las sospechas que surgieron por esa operación, las autoridades judiciales suizas buscaron información sobre Covelia y se toparon con notas periodísticas en la Argentina que dan cuenta del presunto vínculo entre Moyano y esa compañía. En caso de referirse a una serie de notas sobre Covelia que publicó el diario Clarín entre enero y febrero, al líder camionero le servirá para ligar la inquietud de Suiza con la pelea entre el grupo de medios y el oficialismo.

El expediente de cinco carillas llegó a la Cancillería, que lo envió a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. El tribunal, a su vez, lo remitió por sorteo al juez federal Norberto Oyarbide, y el magistrado lo envió en vista al fiscal de turno, Jorge Di Lello, para escuchar su dictamen sobre la viabilidad del pedido europeo. Entre hoy y hasta fin de mes, sin embargo, el dictamen quedará a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, por la licencia de que gozará hasta entonces Di Lello. Aunque el exhorto contiene al menos un defecto de forma, se cree que Pollicita le dará curso hoy mismo.

En Tribunales causó preocupación la reacción sindical que generó el exhorto en el sindicato (todavía está fresca la imagen del gremio de rurales mientras protestaba por la detención de Gerónimo Venegas), y hubo malestar por la actitud de Oyarbide por haberlo dado a conocer bajo sus propios términos: el juez le dictó al CIJ los párrafos que creyó convenientes para la difusión del contenido del documento.

«Al fin y al cabo es un pedido de colaboración de Suiza basado en los tratados internacionales, nada más que eso. No se trata de una investigación local», minimizó uno de los funcionarios judiciales que tuvo el exhorto entre sus manos.

En el Gobierno también se encendieron las alarmas. Varios funcionarios se comunicaron con Moyano, entre ellos el ministro de Planificación, Julio De Vido, para tratar de convencerlo de evitar la medida de fuerza.

Negociación

Una vez que el dirigente les comunicó su decisión de mantenerla, en el Ejecutivo desistieron también de dictar una conciliación obligatoria que de todos modos el gremio no acataría. Entre hoy y el fin de semana, el líder de la CGT tendrá tiempo no sólo de organizar la manifestación a la Plaza de Mayo sino también de encarar una compleja negociación a través del Gobierno.

Anoche, en un acto que encabezó en Boulogne, Moyano dio su primera respuesta personal al juez suizo, proclamando su inocencia en la causa que lo involucra.

El llamado al paro estuvo a cargo de las segundas líneas de la Federación de Camioneros. Lo formalizó el secretario de Prensa, Raúl Altamirano, en la sede de San José al 1700. El dirigente dijo que se decidió la huelga y la marcha «para repudiar los ataques y mentiras que a diario recibe la persona de Hugo Moyano, y directa o indirectamente los trabajadores a los que representa».

«Ya estamos cansados de tantas mentiras; de esta guerra mediática hacia la figura de Hugo Moyano; de las falsas denuncias, como la acusación de tenencias de drogas y de autos robados», agregó Altamirano, y aclaró que entre las medidas puede haber bloqueos a los diarios que publiquen notas periodísticas vinculadas a los problemas judiciales del líder gremial.

Es que el exhorto de Suiza es el primer señalamiento directo a Moyano. Hasta ahora, las causas que instruyen los jueces federales Oyarbide y Claudio Bonadío habían rozado sin tocar al gremialista: los únicos procesados fueron el principal proveedor de drogas costosas a la obra social de camioneros, Marcos Hendler, y exfuncionarios que gozaban de su confianza y que se desempeñaban en áreas del Ministerio de Salud encargadas del reparto de dinero entre las organizaciones de salud de los sindicatos.