El caso fue por la prensa local, que en los últimos días levantó serias sospechas sobre el verdadero propietario de una estancia campestre de 173.000 metros cuadrados situada en Atibaia, en el interior del estado de San Pablo. De acuerdo con diferentes versiones publicadas por la prensa, apoyadas en informaciones del propio Gobierno, el sitio fue visitado por Lula y su familia "111 veces" en los últimos años y en los registros oficiales aparecen como propietarios dos amigos del exmandatario.
Sin embargo, medios locales sostienen que empresas implicadas en las corruptelas en la estatal Petrobras realizaron costosas reformas en la propiedad, que incluso habría sido amueblada por el propio Lula. El expresidente admitió que visita la casona con frecuencia, pero negó una y otra vez que sea su dueño y sostiene que existe una "trama" que intenta "ensuciar" su nombre y tratar de vincularlo a la corrupción petrolera.
No obstante, el juez federal Sergio Moro, responsable por las investigaciones del escándalo conocido como "Lava Jato", confirmó que autorizó a la Policía Federal a iniciar una averiguación en torno a la finca, aunque aclaró que será realizada bajo un estricto secreto judicial.
Este caso se relaciona con otro ya en trámite en la Justicia, que también salpica a Lula e intenta determinar si parte del dinero desviado de la petrolera se blanqueó mediante operaciones ilegales en el sector inmobiliario. Esa pesquisa está centrada en un edificio situado en la ciudad balneario de Guarujá y propiedad de la constructora OAS, en el cual se sospecha que Lula posee un departamento de tres plantas, pese a que éste también lo negó en varias ocasiones. El departamento está registrado en nombre de OAS, implicada en la corrupción petrolera y también responsable por algunas de las reformas realizadas en la finca que ahora se investiga.
Según sospecha la Policía Federal, la empresa OAS distribuyó departamentos en el edificio de Guarujá como parte de las coimas que pagaba a los políticos que amparaban los desvíos de Petrobras. En ese caso, Lula aparece como "investigado" por los supuestos delitos de "ocultación de patrimonio" y "lavado de dinero".
El exmandatario también es objeto de otra investigación judicial, abierta sobre la base de supuestas irregularidades y fraudes en el dictado de decretos que, durante su gestión presidencial, otorgaron beneficios fiscales a empresas del sector automotor.
Horas después de que se conociese el nuevo paso de la Justicia, Lula publicó un video en su página en Facebook en la que afirmó que el PT -que ayer cumplió 36 años de existencia- cometió errores en sus 36 años de historia, pero destacó que pesar "de todas las objeciones momentáneas" seguirá siendo la gran agrupación política de la historia de Brasil.
"Es cierto que cometimos errores y quien comete errores paga por los errores que cometió, dijo el mandatario en el video. Sin embargo, Lula pidió una reflexión sobre la importancia "de lo que ese partido ya hizo para Brasil" al indicar que fue el que más políticas sociales llevó a cabo en la nación sudamericana. Esa historia, según Lula, llevó que el PT "viva enfrentando a los adversarios conservadores que no aceptan el modo petista de gobernar".
| Agencias EFE y Brasil247, y Ámbito Financiero |
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