Jaime y los mails de la discordia

El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, dictaminó a favor de la validez de miles de correos electrónicos supuestamente incriminatorios contra Ricardo Jaime y ensayó una dura crítica al «fundamentalismo garantista» que, a su criterio, impera en la Justicia argentina. Además, habilitó que la Cámara del fuero resuelva acerca de la citación a indagatoria del exsecretario de Transporte, una medida que había descartado el juez federal Norberto Oyarbide a pesar de los pedidos en ese sentido del fiscal Carlos Rívolo.

Moldes busca revertir la nulidad dispuesta por Oyarbide en sintonía con el tribunal federal del contenido de las computadoras de Manuel Vázquez, exasesor de Jaime, como prueba en las causas en las que se investigan supuestos hechos de corrupción vinculados al exfuncionario. El descarte de miles de mails de las computadoras secuestradas de Vázquez amenaza con clausurar media docena de nuevas causas abiertas en el fuero federal.

En un extenso dictamen, el fiscal general atacó el criterio de «ruptura de la cadena de custodia» de las computadoras como argumento central para la nulidad de los correos electrónicos. Sostuvo que la única oportunidad que hubo para introducir datos apócrifos en los discos rígidos de las computadoras fue durante la semana en que permanecieron en oficinas de la Policía Federal para ser peritadas, entre fines de julio y principios de agosto de 2009.

«Si personal policial, en dependencias propias, incorporó material que el juez estima -o cree- antes inexistente cabe preguntarse por qué no es el mismo cuerpo -supuestamente interesado en direccional la investigación en determinado sentido- el que anuncia el hallazgo. Por el contrario, el detalle fue detectado por la experticia realizada en la UBA», señala el dictamen respecto del segundo estudio realizado por especialistas académicos.

También sostuvo Moldes que la falta de lacrado de los puertos de alimentación de energía de las computadoras no pudo alterar su contenido original, y que en cambio sí se cumplió con el sellado de otras conexiones.

«Es inadmisible llevar las reglas del sentido común hasta el desquicio del sentido, lo decidido no responde a ningún parámetro jurídico que permita sostener la invalidez decretada y antes que una solución de utilidad para la investigación, esta es una que la estropea y empobrece sin motivo ni sentido», añade.

Cuestionamiento

A continuación, y sobre la base de la nulidad de los mails, Moldes ensaya un largo cuestionamiento a lo que califica como «una peligrosa deformación ideológica de las garantías constitucionales, basada en la victimización del delincuente en función de su condición social, afectada supuestamente por la desigualdad, marginación, pobreza y falta de educación que provoca el sistema».

El fiscal general aclara que en la investigación por Jaime se trata de «un caso desprovisto de toda connotación de vulnerabilidad social o postergación económica», y que en esa línea «una suerte de fundamentalismo garantista traslada esos parámetros de lenidad y exculpación a la valoración del cuadro probatorio».

En su queja más fuerte hacia la tendencia que dice notar en el actual sistema judicial, apunta: «Lo que tengo para decir no requiere de palabrería difícil ni términos científicos. Lo que sí registra mi memoria es que aquello que empezó como un movimiento de opinión en las asépticas e impersonales polémicas universitarias, sin más alcance aparente que el de los fríos ensayos de gabinete, hoy provoca consecuencias concretas -y probablemente indeseadas- en el mundo real». Y menciona «una red de normas, decisiones y ominosos silencios que protege cada vez más a quienes delinquen y desprotege cada vez más a quienes padecen sus delitos».