Veinte días después de la puesta en marcha de la Ley de Flagrancia, los jueces hicieron su primer diagnóstico sobre la norma impulsada por el oficialismo que chocó contra la denuncia de los magistrados de una ausencia de recursos para su eficaz implementación. Ayer hubo una primera puesta en común con los integrantes de la Asociación de Magistrados que recopilaron informes de todos los fueros en donde se aplica, y recogieron, sobre todo, la fuerte preocupación de los juzgados del fuero ordinario que tramitaron, según los turnos, la mayor densidad de causas.
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Varias de las conclusiones van en sintonía con las primeras alarmas que se encendieron apenas se aprobó la ley empujada por el oficialismo. Incluyeron dificultades logísticas y de personal (que devienen en incumplimiento de los plazos que fija la norma); saturación de plazas de detención; obstáculos informáticos y de lugares físicos para las audiencias; y una descoordinación, afirman en tribunales, por la ausencia de una autoridad de aplicación, algo no contemplado en el texto aprobado por el Congreso.
El primer análisis -cuyas conclusiones se conocerán los próximos días- enumeró problemas ya advertidos por las Cámaras y que también consideran "archiconocidos" por el Gobierno. No sólo por no contar con lugares propicios para alojar detenidos (que no deberían exceder las 24 horas hasta que se realice la primera audiencia para casos in fraganti), sino por no tener móviles para los traslados. Se cedieron un puñado de vehículos que no dan abasto. La propia Corte Suprema tuvo que reconocer la saturación de la U-28 (en el subsuelo del Palacio de Tribunales) donde pasan todos los presos de la justicia nacional y federal. La Ciudad firmó un convenio para ceder dos lugares para alojar detenidos en tránsito. Los jueces replicaron que en total suman 8 plazas. El cálculo proyectado excede la treintena de detenidos por día, lo que acumula la necesidad de coordinar 230 audiencias semanales. Fiscales y magistrados sostuvieron que físicamente es imposible que puedan asistir a todas y a la vez, atender sus casos.
La grabación de esas audiencias también fue un punto de toque: no hay tecnología adecuada para cumplimentarlas. Cuando terminan, la "bajada" de esas filmaciones a un disco rígido -con las computadoras existentes- demora casi 30 minutos. Ese tiempo muerto retrasa las siguientes audiencias. La queja fue también por el ninguneo de equipos informáticos nuevos. "Aunque sea nos tendrían que haber dado computadoras", se lamentó un juez del fuero nacional. De cada 500 consultas de fueras de seguridad por posibles delitos, un 65% corresponde a casos de flagrancia. Nadie quiere decir en voz alta que hoy hay detenidos que se pasan una semana entera presos, cuando no deberían pasar la noche de acuerdo al tipo de delitos que cometieron. Sólo 3 horas demora su fichaje o traslado hacia el juzgado. Llevar testigos suma contratiempos, pero menos que esperar pericias en causas de drogas (que pueden demorar hasta 90 días) o el famoso reporte policial de constatación de domicilio, que puede tardar una semana.
El tema unifica negativas y preocupación en la agrupación que ahora preside la jueza María Lilia Díaz Cordero y será parte de la agenda con la que cierra el año judicial.
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