Jueces: Argibay criticó demora en designaciones

Carmen Argibay

La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay criticó con dureza al Gobierno nacional por la demora en el nombramiento de jueces, situación que -dijo- «resiente el servicio de justicia». Pidió, además, un debate serio sobre la despenalización del aborto y adelantó que el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, será procesado por desobediencia si no repone en el cargo al procurador de esa provincia, Eduardo Sosa.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Neuquén, Argibay alertó que no sólo faltan unos 200 magistrados, sino que muchos de los expedientes de aquellos que ganaron los respectivos concursos «se encuentran demorados en el Ministerio de Justicia (Julio Alak) o en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia (Carlos Zannini), aunque también pueden encontrarse en el Senado».

En ese sentido, citó como ejemplo que actualmente «dos miembros del Tribunal Oral de Neuquén deben trasladarse hasta Santa Rosa (La Pampa), que está a más de 600 kilómetros, para completar el Tribunal Oral de La Pampa que carece de otros magistrados, con lo que se resiente la tarea de ambos».

La ministra también pidió que el debate por la legalización del aborto en la Argentina «sea serio» para «evitar que se banalice» y aseguró que «este tema no es confesional, ni religioso», sino que tiene ver con «los derechos civiles».

«La mayoría de los que se oponen al aborto, incluso a los que están permitidos desde 1922, piensa en el aborto de la señorita de Callao y Santa Fe, en la Capital Federal, o que todas las mujeres se van a hacer un aborto como quien va a una fiesta o se cambia de vestido».

«Cómo se va a castigar a una mujer que es violada en una villa miseria de las grandes ciudades o del interior del país donde la exclusión, la miseria y la falta de educación es el común denominador», graficó y agregó: «Hay clínicas que hacen abortos por 5.000 dólares, pero ahí no pueden acceder miles y miles de mujeres que mueren por abortos hechos en cualquier lugar».

Con ese razonamiento, defendió la actuación del juez provincial de San Carlos de Bariloche, Martín Lozada, quien fue sancionado por su respectiva cámara a raíz de que autorizó la realización de un aborto y hoy enfrenta una investigación por el auditor general del Poder Judicial de Río Negro.

La exposición de la magistrada se realizó en el mismo momento en que se conocía la muerte del bebé cuya madre fue baleada en una salidera bancaria en la provincia de Buenos Aires, lo que motivó una inevitable mención a la baja de la imputabilidad. Sostuvo que se trató de un caso de delito de salidera bancaria como muchos de los que se producen en el país, y desechó que deba modificarse parcialmente el Código Penal. «Son sólo parches», argumentó. «Si seguimos así, vamos a terminar procesando a bebés», ironizó en relación con los proyectos para bajar la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años.