El magistrado, que propone abrir juicio por este caso a tres exresponsables del partido conservador así como a otras tres personas, considera que el PP "desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal", operando con "varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial".
El juez Ruz considera que durante esos años el PP, que actualmente preside el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, recibió donaciones y realizó distintos pagos por medio de esa "caja B", entre los que figurarían sobresueldos a altos funcionarios del partido y la reforma de su sede central en Madrid.
El magistrado constató la "existencia y circulación en el seno del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o 'cajas B'".
Sin embargo, matiza que la legislación española no contemplaba como delito la financiación ilegal de partidos en el momento de la comisión de la irregularidades, por lo que el PP es considerado sólo responsable civil subsidiario. Esto, desde ya, no le evita al partido conservador y al propio Rajoy costos políticos peligrosos ante las elecciones generales de noviembre.
Para el magistrado, esa contabilidad estaba a cargo del gerente y del tesorero del partido y no se declaraba a la Hacienda Pública. Por ello, propuso juzgar por delitos tributarios a los extesoreros y al exgerente de la formación conservadora, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, así como a los dos responsables del estudio de arquitectos Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, que realizó la reforma de la sede del PP.
También considera a Lapuerta y Bárcenas responsables de un delito de apropiación indebida, al tiempo que saca de la causa a 22 imputados en el caso, entre ellos, empresarios que habrían hecho donaciones al PP, y el exministro y exsecretario general del PP, Ángel Acebes.
Este escándalo de financiación oculta surgió a principios de 2013, cuando el diario conservador El Mundo aseguró que durante años Bárcenas había pagado sobresueldos en dinero negro a dirigentes del PP.
Poco después El País publicó unas anotaciones manuscritas, bautizadas "los papeles de Bárcenas", que señalaba entre los receptores de dichos fondos al propio Rajoy, quien habría cobrado hasta 25.000 euros anuales entre 1997 y 2008.
Rajoy, que en octubre del año pasado pidió perdón por los casos de corrupción, siempre rechazó esa acusación, aunque en 2013 reconoció haberse equivocado al confiar en Bárcenas, distanciándose de él y calificándolo de "delincuente". El jefe del Gobierno ha quedado fuera de la causa.
La corrupción es una de las mayores preocupaciones de los Españoles con el desempleo, según las encuestas de opinión y uno de los principales temas de campaña de fuerzas emergentes como Podemos, a la izquierda y Ciudadanos, de centroderecha.
| Agencias AFP, Reuters y DPA |
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