• CRITICARON PROYECTO OFICIAL PARA MODIFICAR LA LEY DE MPF Un simposio sobre trata organizado por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales fue el marco para que las magistradas trasladarán sus cuestionamientos al Gobierno. Fuerte respaldo papal a Gils Carbó.
benditas magistradas. Alejandra Gils Carbó y María Romilda Servini de Cubría fueron las más ilustres invitadas al coloquio sobre trata que organizó la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
"Son invitadas especiales del Sumo Pontífice", le contestó un empleado de la residencia de Santa Marta al periodista italiano que preguntó por las damas que ocupaban varias habitaciones de los pisos superiores del edificio lindante a la basílica de San Pedro. La comitiva había llegado el martes a Roma, proveniente de Buenos Aires, para participar de un coloquio sobre trata de personas y crimen organizado auspiciado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales que dirige Marcelo Sánchez Sorondo, uno de los más cercanos colaboradores del Papa y su articulador político más inquieto.
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A la cabeza del grupo que se alojó en la residencia donde se efectúan los conclaves cardenalicios para elegir al sucesor de San Pedro y en la que actualmente vive Francisco, estaba la procuradora Alejandra Gils Carbó (quien ocupará el cargo hasta fin de año tras su renuncia presentada la semana pasada); las fiscales federales Paloma Ochoa y Laura Mazaferri; la titular de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, la entrerriana Susana Medina; y la jueza federal María Romilda Servini, única integrante de la comitiva con despacho en Comodoro Py. También se hospedó en Santa Marta -aunque en otro piso- Inés Weinberg de Roca, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, elegida en 2013 por la legislatura porteña y uno de los nombres con el que Mauricio Macri sueña para reemplazar a la procuradora saliente.
Seguramente fue su proximidad con el actual presidente la que marginó a Weinberg de Roca de las charlas de pasillo que protagonizaron sus compañeras de hospedaje, en las que no faltaron duros cuestionamientos a la política judicial del gobierno de Cambiemos. "Las críticas se centraron en dos aspectos fundamentales: el proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno (a través de un proyecto presentado por Federico Pinedo, junto al radical Ángel Rozas y los legisladores del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey) y la pésima relación de la Rosada con Comodoro Py", relató a Ámbito Financiero un testigo de los parloteos de las juristas.
Las críticas continuaron durante el coloquio que comenzó ayer en la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Durante su alocución -que se extendió por unos quince minutos-, la procuradora destacó los avances que el MPF logró bajo su gestión. "El fortalecimiento institucional del organismo nos permitió llegar a sectores históricamente marginados de la Justicia, que solo la conocían en su faz punitiva", aseguró; y calificó como "esencial" el "apoyo" del papa Francisco en la lucha contra el delito organizado.
"Creemos que esa es la mayor fortaleza que puede tener un sistema judicial y un aporte concreto para que todos vivamos en una sociedad más justa y solidaria", dijo la procuradora saliente.
Al terminar Gils Carbó, quien sorprendió a los presentes fue el anfitrión, Sánchez Sorondo quien tomó la palabra: "Quiero notificar que ayer la Conferencia Episcopal Argentina, con su nuevo presidente Oscar Ojea, le ha pedido al Gobierno que conserve todos estos instrumentos de los cuales ha hablado la fiscal", fustigó el arzobispo argentino con la mira puesta en el proyecto oficial.
Si bien no está previsto un encuentro entre Gils Carbó y Francisco, las fuentes consultadas no descartan que puedan mantener un diálogo en privado durante las próximas horas, ya que la procuradora permanecerá en Roma hasta el fin de semana.
Reforma polémica
El proyecto que impulsa el oficialismo para la ley del MPF puede sintetizarse en una serie de puntos que han desatado las críticas de distintos sectores del poder judicial y legislativo:
Se elimina el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta para designar al procurador y se establece, en cambio, que alcanzará con la mitad más uno de los senadores, es decir 37 votos.
- Se elimina el carácter vitalicio del cargo. El procurador "dura en su función cinco años y podrá ser reelegido por dos años por única vez".
Podrá ser removido de su cargo cuando incurra en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", la cual podrá ser revocada únicamente por el Senado.
Se disuelven las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad, y establece que "el procurador general podrá disponer por resolución la creación (...) de procuradurías especializadas cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran".
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