Por la demanda civil que el Gobierno decidió entablar contra Cristina de Kirchner, el Estado deberá desembolsar $1.000 millones en concepto de tasa de justicia, antes del viernes. La ampliación del reclamo atado a la causa por corrupción en la obra pública fue impulsada por Vialidad Nacional que intimó al pago de $22.500 millones por "daños y perjuicios" a los acusados por licitaciones otorgadas a Lázaro Báez y su conglomerado de Austral Construcciones y que estos no habrían terminado o que directamente no realizó. Bajo el concepto de un resarcimiento económico "por el daño ocasionado por hechos de corrupción", el Estado reclama esa cifra sideral a la exmandataria, al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, a Carlos Santiago Kirchner y al propio Báez. Sin embargo, gane o pierda la demanda final, y en pleno plan de austeridad estatal, saldrán de las arcas públicas los fondos que son requeridos para que avance el juicio esta misma semana. En el auto de elevación a juicio, el juez federal Julián Ercolini intimó al Estado a que deposite la tasa de ley bajo pena de ejecutar una multa que equivaldrá al 50% del monto comprometido, es decir $500 millones.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario