10 de marzo 2009 - 00:00

¿Juicios demorados por falta de fondos o para presionar por aumento?

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt afirmó ayer que está «absolutamente de acuerdo» con los planteos señalados por su colega Carmen Argibay, que derivaron en una fuerte polémica entre la Justicia y el Gobierno. Las declaraciones de la jueza sobre la falta de colaboración de la Casa Rosada para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el último Gobierno militar, generaron una dura respuesta del Gobierno, que le reclamó al máximo tribunal que «cumpla su rol» y no intente «sacar rédito político» de las discusiones sobre el sistema judicial.
El ministro afirmó ayer que la Justicia está haciendo «cuanto debe hacer» y destacó que tenía «absoluta certeza de que este Poder Judicial, y sobre todo la Corte, está haciendo cosas que jamás se hicieron», en relación con la intervención del tribunal en cuestiones de fuerte contenido político, a través de las que ha mostrado una posición cada vez más independiente. Este aspecto es central como trasfondo del debate, ya que en el último año la Corte ha definido fallos (como el relativo al Riachuelo, el de movilidad previsional, el de libertad sindical y el dictamen reciente que creó las acciones de clase) que implican temas ríspidos para el Ejecutivo y de difícil solución. Tampoco le dio ninguna señal previa de esas decisiones, algo que siempre molesta a un Gobierno.
En el medio de una marea de declaraciones. Fayt salió a defender la postura de Argibay e intentar bajar el tono del conflicto. En este sentido, negó que hubiera un conflicto de poderes entre la Corte y el Ejecutivo, y sostuvo que «el país necesita serenidad, reflexión, inteligencia». Fayt también insistió sobre la necesidad de «un Estado y una Corte inteligentes», y en esta línea destacó que el cortocircuito registrado en las últimas declaraciones «no ayuda para nada».
Más allá de la progresiva autonomía del máximo tribunal, hay otra cuestión que opera como punto de fricción entre el Gobierno y la Corte: los recursos destinados la Justicia. Un tema que crece en importancia y en el que las partes parecen irreconciliables: mientras, tanto la Presidente como el ministro del Interior y otros representantes del oficialismo insisten con que el Poder Judicial tiene todo lo necesario para agilizar el funcionamiento de la Justicia; del otro lado, apoyan lo afirmado por Argibay, quien había asegurado que gran parte de las demoras en los procesos se relacionaba con la falta recursos y personal, y que correspondía al Gobierno resolverlo. La reducción de fondos no es el único problema; la situación se agrava frente a la demanda generalizada de agilizar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto implica una incremento de fondos, ya que muchas de las demoras en estos procesos (en especial, en las provincias) las justifican en la falta de recursos materiales, de personal y edilicios. Pero, aun así, cabe preguntarse si la Justicia no acelera los tiempos por falta de recursos o si usa el tema -que sabe hiere al Gobierno- para presionar por más presupuesto.
Desde el Consejo de la Magistratura indicaron, por ejemplo, que el año pasado se enviaron 120 oficios al Ejecutivo (vía la Superintendencia de la Corte) que informaban sobre la falta de medios para avanzar en estos casos. Según el senador oficialista y consejero Marcelo Fuentes (impulsor de los oficios), las cuestiones materiales han sido respondidas y se está avanzando sobre el nombramiento de personal y los problemas edilicios.
En el Consejo, sin embargo, subrayaron que existe todavía gran cantidad de pedidos que no han sido respondidos ni por la Corte ni por el Ejecutivo, lo que complica la situación de las causas. También hicieron referencia a unos fondos en plazo fijo de la Corte, que se utilizarían para la informatización del sistema judicial, pero a los no se puede acceder hasta que el jefe de Gabinete lo autorice.

Dejá tu comentario